El Ejecutivo presiona en Bruselas para dar más margen también a Cataluña

El Gobierno tiene cada vez más presión de las autonomías. No solo de las que no controla el PP, en especial Cataluña y Andalucía, sino también de las populares. Dos son los asuntos de máximo interés político que están encima de la mesa. Por una parte, el objetivo de déficit marcado para 2013. El 0,7% previsto es inaceptable para la mayoría de las autonomías. Cataluña se ha declarado abiertamente en rebeldía con esta cifra. El segundo asunto es la reforma local. No le gusta a casi nadie, tanto Galicia como La Rioja, en manos del PP, ya lo han dicho claramente. Y otras lo dirán, calculan los populares. Por eso el Gobierno está buscando algo que ofrecer a las autonomías para bajar la presión. Y ahí, explica, todo depende de Bruselas. En vez de contestar con un no rotundo, como hacía en 2012, el Gobierno ha suavizado su posición y se muestra abierto, pero antes quiere saber qué margen le da Europa.

El Gobierno confía absolutamente en que la Unión Europea flexibilizará el objetivo de déficit para España en 2013. El Ejecutivo está convencido de que lo hará y algunos ministros inclusos se plantean escenarios muy optimistas, como un 6,5% para 2013. Pero la decisión se retrasa. Debería haberse producido ya, señala un ministro, pero no es inminente. Y los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades están esperando un dato para saber cuánto tienen que recortar este año.

Lo único claro de momento es que el Gobierno ha tomado una decisión política: contestar a esa presión abriendo un poco la mano. Especialmente intensa es la presión catalana. Los negociadores de CiU en Madrid, en especial Josep Sánchez Llibre, histórico dirigente de Unió, buscan rebajar la tensión entre los dos gobiernos con el pacto de una nueva cifra que dé aire a las maltrechas finanzas catalanas. También presiona el conseller de Economía, Andreu Mas Colell, que pese a la tensión política siempre ha mantenido la interlocución con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Los Ayuntamientos también presionan por la falta de financiación local

El Gobierno juega aquí a dos bandas. Por un lado, ha optado por el gesto más agresivo posible contra el Ejecutivo de Artur Mas: ha recurrido al Tribunal Constitucional la declaración soberanista, a pesar de las dudas que tenía el propio Ejecutivo sobre sus efectos jurídicos. Ni siquiera hay fecha para la reunión en La Moncloa entre Mariano Rajoy y Mas, en una prueba más de que la interlocución al máximo nivel está prácticamente rota. Pero a la vez, Montoro, el que sufre en primera persona la presión, busca espacios para negociar y espera el aire de Bruselas para poder trasladarlo a las autonomías.

El ministro de Hacienda, habitualmente muy duro en las sesiones de control, mostró ayer ese tono conciliador precisamente con Sánchez Llibre, que le preguntaba si el Ejecutivo está dispuesto a dar más margen a las autonomías. Cataluña reclama un punto más, del 0,7% al 1,7%. Montoro le dijo que está esperando la respuesta de Bruselas. Es Luis de Guindos, ministro de Economía, quien tiene que negociar este asunto. No está en la agenda de momento, tampoco en la cumbre europea que arranca hoy y a la que acude Rajoy, ni siquiera en las próximas semanas, tal vez hasta abril, pero España presiona para tenerlo cuanto antes.

El otro asunto, el de la reforma local, también va para largo. Los alcaldes del PP están muy molestos, y también las estructuras provinciales y autonómicas del partido se han revuelto contra la reforma. Montoro y Javier Arenas, que se reunieron con sus alcaldes el martes, trataron de calmarlos. Pero no parece fácil. La reforma ya se ha limitado mucho desde que la anunció en julio de 2011 el propio Rajoy solemnemente en el Congreso. Anunció que eliminaría un tercio de los concejales, esto es 25.000. La cifra ha ido cayendo y ya no está claro, en plenas negociaciones dentro del PP, cuántos se reducirán. Las estructuras provinciales y algunos alcaldes presionan para que sea el mínimo posible o nada. Tampoco quieren oír hablar de fusión de ayuntamientos, como proponía el lunes en La Moncloa Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia.

Pero sobre todo hay una gran batalla entre los alcaldes, el Gobierno y las autonomías para resolver el asunto de las competencias y sobre todo su financiación. La ley, que aún está en su primera fase —el Consejo de Estado tiene que devolverla al Consejo de Ministros— busca que las autonomías asuman muchas de las competencias que les corresponden pero ahora están pagando algunos ayuntamientos, como las de educación —limpieza de colegios, calefacción, mantenimento—. Los alcaldes lo exigen así y las comunidades quieren más dinero para financiarlo. Por eso, también, la cifra del déficit es clave. La negociación interna en el PP es compleja y no parece cercano el pacto.