89 trabajadores de un centro de menores de Madrid, a punto del despido: “Vivimos en una incertidumbre”

Casi un centenar de empleados del centro de menores Picón de Jarama, en Madrid, despierta todos los días en medio de una incertidumbre laboral. Hasta hace unos meses tenían un trabajo estable, pero pronto una parte de ellos ―o tal vez todos― quedará en la calle, según denuncia CC OO. La Comunidad de Madrid ha decidido cerrar el centro, que cuenta con 50 plazas para adolescentes con trastornos de conducta, y dividirlos en tres nuevas residencias: una para mujeres, otra para hombres y otra mixta. Esas tres nuevas licitaciones se publicaron en agosto y, en un principio, los 89 trabajadores debían ser subrogados a los nuevos centros, pero las “pésimas condiciones” de los pliegos de adjudicación provocaron que dos de ellos quedaran desiertos y que el proceso se alargara, según el sindicato. El tercero ya ha empezado a funcionar, pero con personal nuevo, mientras los trabajadores originales deben esperar a que se adjudiquen los restantes. La Consejería, por su parte, deja en el aire su futuro laboral y asegura que los trabajadores “tienen un contrato con la empresa de gestión y no con la Administración”.

Los nuevos pliegos para este tipo de centros se sacan cada cuatro años y “no son extraños los cambios de empresas que los gestionan”, reconoce Isabel Galvín, portavoz de la Federación de Educación de CC OO. Así ocurrió en agosto, mes en el que se publicaron tres lotes: dos de 13 plazas para menores y uno de 24 con el objetivo de “especializar aún más la atención según los distintos perfiles de los menores y ofrecer una atención más personalizada en grupos reducidos”, según la Consejería.

En todos esos pliegos era indispensable que la empresa aportara el inmueble, ya que, según revela Comisiones Obreras, “el mantenimiento del lugar era muy costoso”. Los trabajadores también debían ser subrogados a los nuevos centros, según se establece en el Artículo 34 del Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores de 2021. “El cambio de titularidad en un concurso, subvención, concierto o contrata, no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales de aquellos trabajadores y socios cooperativistas que tuvieran una antigüedad en el servicio de un mínimo de cuatro meses anteriores a la fecha de la adjudicación”. El convenio agrega que incluso deben hacerlo “respetándoles la modalidad de contrato, grupo profesional, jornada, horario, antigüedad e importe total de salarios”.

Pero CC OO reclama que ahora las reglas del juego han cambiado. Según dicen, la Comunidad decidió que Picón de Jarama, especializado en jóvenes de 12 a 17 años, debía seguir funcionando de la misma manera hasta que se adjudicaran los otros dos pliegos. Y, mientras tanto, el centro que sí se adjudicó tuvo que empezar a funcionar desde febrero, pero con nuevos trabajadores. “La CAM no responde a ningún tipo de petición de reunión sobre que se tiene pensando hacer con el personal. Estamos desprotegidos. Llevamos desde agosto con incertidumbre, ansiedad y angustia porque no sabemos qué pasar”, aseguran desde el sindicato.

La Comunidad de Madrid ha confirmado a este diario que el centro adjudicado ya está funcionando y que “los dos lotes restantes se están licitando de nuevo para su apertura en otros dos dispositivos”. También aseguran que Picón de Jarama permanecerá abierto “hasta la finalización del contrato vigente a final de año”. Pero no deja claro el panorama de los trabajadores: “Ellos mantienen una vinculación con la entidad que presta los servicios, no con la Administración regional”, sin aclarar que ocurrirá con esos empleos. “Nos parece que la Comunidad improvisa, que ha sido un desastre de gestión y que les importa muy poco la tutela de estos menores”, reclama Rebeca Castaño, secretaria de enseñanza privada y servicios socioeducativos del sindicato.

La oposición también le ha dado seguimiento al traslado de estos adolescentes y del personal, y consideran que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, “abandonó este centro hace meses”. “Ha sido una subasta tan miserable que nadie se atreve a gestionar dos de los centros”, critica Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, quien también se refirió al centro meses atrás, cuando se denunció que había 15 menores de este sitio desaparecidos. “Desde el PSOE no nos rendimos porque estos chicos y chicas merecen toda la dignidad. Y eso pasa porque los centros sean públicos y la Consejería deje de hacer negocio con la vida de estas criaturas”, concluye. CC OO insiste en que la Comunidad les debe informar que pasará con su futuro. Sin eso la incertidumbre continuará.