Los expertos de Mas le piden dialogar con Rajoy por la consulta

Artur Mas se ha dado hasta finales de año para encontrar una fórmula que le permita llevar adelante la consulta soberanista en Cataluña. Convergència i Unió y Esquerra Republicana pretenden crear leyes, como la de Consultas Populares, que den cobertura al proceso. Para ello, Mas encargó un informe al Instituto de Estudios Autonómicos, dependiente de su Gobierno. Se trataba de buscar asesoramiento para ver cómo actuar. Los expertos concluyen que la vía menos complicada pasa por alcanzar un acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno central. Según este organismo consultivo del Ejecutivo de Mas, el pacto entre ambos Gobiernos “suscitaría menos problemas de constitucionalidad” que otras vías.

Los juristas que han elaborado el estudio concluyen que existen suficientes mecanismos legales para preguntar a los catalanes sobre la relación que quieren tener con el resto de España, “siempre que el Estado tenga voluntad política de canalizar esa reivindicación”. Pero no ocultan que la vía más fácil para convocar la consulta es, precisamente, la que menos factible se ve en estos momentos: el acuerdo entre los dos Gobiernos. Aunque Mariano Rajoy asegura querer dialogar con el presidente catalán, los límites que pone para esta negociación son el respeto a la Constitución, y el PP entiende que cualquier consulta vulnera la norma fundamental, tanto en su letra como en su espíritu.

Por esta razón, si el Gobierno se niega a autorizar al referéndum, la Generalitat tendría entonces legitimidad para optar por vías “alternativas”, como una “declaración unilateral de independencia”, según el documento, que ayer difundió Efe.

El texto cita antes de llegar a este extremo otros cuatro mecanismos posibles para ejercer el “derecho a decidir”: la actual ley catalana 4/2010 de Consultas Populares por vía referéndum, la nueva normativa de consultas no refrendatarias que actualmente se tramita en el Parlamentó autónomo, los referendos consultivos previstos en la Constitución Española y la reforma de la ley de leyes.

Para los expertos del Instituto de Estudios Autonómicos, la mejor estrategia es apostar por una vía que deje “sin argumentos jurídicos” al Estado, con el objeto de comprobar, de esta manera, si realmente existe la “voluntad política” de permitir la consulta. Esto es precisamente lo que está haciendo en los últimos meses el Gobierno de Artur Mas.

El último argumento que ha encontrado CiU para justificar el proceso es la dimisión forzada del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, tras haber argumentado la posibilidad de que en Cataluña se celebre una consulta legal. Esta polémica renuncia del fiscal superior llegará al Parlamento Europeo. Allí, los eurodiputados de CiU, ERC, ICV y también los dos del PSC presentaron ayer una interpelación a la Comisión Europea en la que le preguntan si España ha cumplido los criterios de independencia judicial exigidos por la UE en el caso de la dimisión del fiscal. Los eurodiputados mantienen que el cese “resulta indicativo de los problemas del sistema judicial español”, según informó CiU.