Los alcaldes quieren que las comunidades asuman ya las competencias en sanidad

La reforma local no gusta a los Ayuntamientos. A ninguno. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), aseguró esta mañana que hay una "posición común" de los alcaldes para que el Gobierno reforme el Anteproyecto de Ley que pretende modificar la administración local. Los municipios no quieren asumir ninguna competencia en materia de educación y exigen que se devuelvan a las comunidades autónomas sin que queden resquicios que los obliguen a seguir prestando servicios en colegios o guarderías. "Hay cuestiones funfamentales que tienen que ver con las competencias. No puede ser que las entidades locales tengan que seguir asumiendo los costes de mantenimiento y conservación de los colegios. Queremos que esto se modifique", aseguró De la Serna. En materia de sanidad esperan que la devolución de las competencias se realice en un año y no en cinco, como fija el anteproyecto.

Otro gran bloque de discrepancias con el Ejecutivo está en la defensa de los municipios pequeños, y en especial en las facilidades que el documento ofrece para intervenir los municipios de menos de 5.000 habitantes. "Hay controles suficientes en la Ley de Estabilidad Presupuesaria. Si existen mecanismos no tiene sentido que se añadan otros que han generado una gran preocupación". Tampoco están de acuerdo en que sea el Gobierno quien fije un coste estandar por cada servicio y reclaman que se consulte con la FEMP.

En la federación de Madrid defienden lo que llaman "dignificación retributiva"

El presidente de la FEMP precisó que los alcaldes también están de acuerdo en modificar otro punto polémico: la prohibición de las retribuciones para los ediles que trabajen en Ayuntamientos de menos de mil habitantes. Considera que no se puede limitar el salario por una cuestión de población."Hay que buscar fórmulas para que estos alcaldes, que cobran muy poco y hacen un gran servicio público, reciban una retribución", explicó. 

El PSOE, que rompió en enero las negociaciones con el Gobierno sobre el texto, ha hecho un frente común con sus alcaldes para exigir que se retire el documento. Contra él preparan una enmienda a la totalidad y, si finalmente se aprueba con el rodillo del PP en el Congreso, los socialistas advierten que recurrirán ante el Tribunal Constitucional. El secretario de Política Local, Gaspar Zarrías, cree que la reforma "ni provocará ahorros ni eliminará duplicidades". Si el texto se mantiene en los términos actuales, asegura que el PSOE "saldrá a la calle" para  defender el trabajo con una "legión de voluntarios" formada por miles de alcaldes y concejales de toda España. "Ni a propósito se pueden hacer peor las cosas", subrayó.

El texto, que debe pasar por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y el Consejo de Estado antes de iniciar su tramitación parlamentaria, ha removido en sus asientos a cientos de alcaldes españoles. Este lunes la Federación Gallega de Municipios aprobó un duro documento de alegaciones. “Vulnera en varios de los preceptos la autonomía local, principio consagrado en la Constitución” advierte el texto consensuado en la Federación gallega (FEGAMP), presidida por el alcalde popular de Ferrol José Manuel Rey Varela. La barrera que pretenden levantar desde Galicia contra la norma tiene el sello del PP: el partido logró mayoría absoluta en 202 de los 315 municipios de la Comunidad Autónoma en los últimos comicios.

La lista de reproches que los alcaldes formulan contra el anteproyecto es extensa. Reservan la parte final del documento para atacar las medidas que les afectan al bolsillo. “Deberá ser la Federación de Municipios (FEMP) quien elabore una tabla retributiva para los miembros de las corporaciones locales que habrá de tener en cuenta la dedicación y responsabilidad de los cargos públicos locales al margen de cuál sea el número de habitantes del municipio respectivo”.

La propuesta de que los salarios sean fijados por los propios alcaldes está en las antípodas del propósito del Ministerio de Hacienda. El anteproyecto prohíbe que el 82% de los concejales, 56.138 en España, tengan dedicación exclusiva y cobren por ello. Solo 12.188 optarán a retribución, siempre en municipios de más de mil habitantes. Eso quiere decir que en autonomías como Castilla y León apenas habrá cargos remunerados (algo que ya ocurre en la actualidad, aunque Hacienda dice no tener datos) dado que el 88% de sus 2.248 consistorios tiene una población inferior al millar de habitantes.

La cuestión de los salarios levanta ampollas en comunidades más pobladas. La federación madrileña (FMM), que agrupa a 179 municipios (149 están gobernados por el PP), ya están elaborando lo que llaman “propuestas de mejora”. Entre ellas quieren que haya una “dignificación retributiva”, que todavía no han concretado. Reivindican la “dignidad municipal”, reclaman la sostenibilidad de los pequeños municipios y exigen garantías de financiación. En la federación de Canarias el rechazo ha sido unánime: “La ley vacía [las corporaciones] de su principal función que es la de atención a los ciudadanos y además no aclara ni define qué pasará con muchas de las competencias”. Otras agrupaciones consultadas como la de Castilla-León, Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha van un paso por detrás en la elaboración de alegaciones, pero no ocultan que muchos aspectos de la reforma son manifiestamente mejorables.

El ambiente de crispación anticipa una gran tormenta en la sede de la FEMP, que hoy reúne a su consejo territorial. En las últimas semanas Íñigo de la Serna, su presidente, ha intentado aplacar los ánimos de los más beligerantes insistiendo en que la ley no implica la privatización de los servicios, como denuncia el PSOE. Los alcaldes socialistas sin embargo cierran filas contra la reforma al tacharla de “completamente ineficaz”. El secretario de política local, Gaspar Zarrías, insiste en que “ni evitará duplicidades ni provocará el ahorro de 7.000 millones que calcula el Gobierno”. Incluso los propios ediles del PP que firmaron las alegaciones desde Galicia contradicen a De la Serna: “De facto lo que pretende [la ley] es eliminar la iniciativa económica dando a entender que en todo caso la gestión privada de un servicio va a resultar necesariamente más eficiente y eficaz que la pública”.