Gallardón anuncia ahora la rectificación parcial de la polémica ley de tasas

El ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en el Congreso de los Diputados la modificación parcial de la ley de tasas judiciales, una de las más polémicas de la legislatura, que ha provocado protestas de todos los colectivos y que fue defendida con ardor por el Gobierno, encabezado por él mismo.

Solo dos meses después de entrar en vigor la norma que extendía a todas las jurisdicciones salvo la penal las tasas y elevaba su cuantía, el ministro ha explicado que aprobará en breve un decreto que modificará esa ley y que anticipará aspectos concretos del proyecto de ley de Justicia gratuita que prepara.

La rectificación se basa en un informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que le ha hecho ver disfunciones concretas de esa norma. Gallardón mantiene la filosofía de las tasas pero ha aceptado estudiar rebajas de cuantías en algunos casos y la eliminación, por ejemplo, para los casos de desahucios de primeras viviendas.

Otros casos se refieren a recursos de la legislación social (laboral), para recursos de personas jurídicas y para casos de civil y mercantil con cuantía variable. También se anticipará la supresión para casos vinculados a malos tratos, aunque no ha especificado más y ha anunciado que la rectificación estará concluida esta misma semana.

El día 20 de febrero hay convocada una huelga de jueces y fiscales por una serie de reivindicaciones que incluye el rechazo a la ley de tasas.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, había propuesto hoy al ministro que modifique la ley de tasas judiciales para, entre otros, reducir la cuantía en los casos de primera instancia civil y contencioso-administrativa.

Es una de las "varias" recomendaciones que Becerril ha trasladado, en una reunión, al titular de Justicia para modificar "aspectos sustanciales" de la ley de tasas, ha informado en un comunicado la oficina del Defensor del Pueblo, que tiene de plazo hasta el 21 de febrero para decidir sobre la conveniencia de presentar un recurso de inconstitucionalidad a la norma.

Antes de que expire el plazo, la Defensora ha pedido que además de reducir las tasas en primera instancia, se module la cuantía en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas, así como que se modere la cantidad para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.

Ha propuesto también la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuician los procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Por último, ha recomendado devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias, según la nueva normativa de asistencia jurídica gratuita.

El Consejo General de la Abogacía presentó a finales de enero ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio de Hacienda que aprobó el modelo de pago de las tasas judiciales. Además, solicita que la propia Audiencia que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. También la Junta de Andalucía ha anunciado un recurso contra las tasas.

El cambio llega tras decenas de protestas de ciudadanos contra las tasas.