Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
LAS CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El Tribunal de Cuentas admite que hay que mejorar el sistema de cruce de datos

Álvarez de Miranda quiere contar con "medios suficientes para contrastar la información"

El órgano fiscalizador cumplirá la sentencia del Supremo sobre designación de funcionarios

El Tribunal de Cuentas ha reconocido hoy que, pese a haber mejorado, los instrumentos de los que dispone para contrastar la información facilitada por los partidos son todavía insuficientes. Así se ha pronunciado el presidente del órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, al destacar en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados la necesidad de introducir "los medios suficientes para contrastar la información que dan los partidos" y otros fiscalizados "con otros medios de prueba o con otros medios aportados por terceros que estén obligados a prestar esta información para detectar la existencia de incoherencias en la información que se presenta".

Álvarez de Miranda se refería al cruce de los datos del Tribunal de Cuentas con la información de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, todavía pendiente, lo que en su opinión permitiría mejorar los mecanismos de control para comprobar las fiscalizaciones de los partidos. Aun así, ha considerado que la última ley de transparencia ha dado al órgano fiscalizador un margen de maniobra más amplio. 

El presidente del tribunal ha admitido, además, a propósito de la posibilidad de control de las supuestas contabilidades paralelas de las formaciones políticas y en pleno escándalo por el caso Bárcenas que "la fiscalización de lo que no es oficial no se conoce".

Tras comparecer en la Comisión de Transparencia, ha asegurado además que el proceso de fiscalización de los partidos contaba con medios “insuficientes” y que para hacer frente a la “misión” de investigar con mayor rapidez las cuentas se han duplicado.

Frente a la sentencia del Supremo que advierte que en el Tribunal de Cuentas hay más empleados nombrados por los partidos que de carrera, Álvarez de Miranda ha asegurado además que la reunión del Consejo de ese órgano que se celebra esta semana se pondrán en marchas las medidas necesarias para cumplir "estrictamente" los porcentajes y límites de los funcionarios de libre designación establecidos por el alto tribunal. No obstante, ha insistido en defender la "independencia" de la institución.

En la comisión, Álvarez de Miranda ha sido preguntado sobre la idoneidad de incluir a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales en la Ley de Transparencia. Se ha mostrado a favor de dejarlos al margen de la nueva norma pero sí ha considerado que se deberían “incorporar criterios de transparencia mayores en normativas reguladoras de cada entidad” porque la Ley de Transparencia está diseñada para ámbitos del sector público. En cualquier caso, ha señalado que “la opción de incluirlas es una decisión política”. “Sería más razonable la obligación de publicar sus datos”, ha añadido. Y al ser preguntado por las redes ilegales de financiación de partidos, el presidente del tribunal de Cuentas ha expuesto la posibilidad de “avanzar en el control de actividades al margen de contabilidades oficiales”.

También ha defendido la reforma ya realizada sobre la ley de financiación de partidos alegando que hasta diciembre de 2012, cuando el tribunal realizaba peticiones al Banco de España para que facilitara información sobre cuentas y préstamos de partidos políticos, el banco contestaba que el tribunal no tenía competencia, “cosa que nunca entendimos”, según ha dicho. La nueva ley establece el pleno acceso a los datos del Banco de España.

En cualquier caso, el presidente del Tribunal de Cuentas ha manifestado que “existen medios adicionales que el tribunal ha propuesto y que ustedes tiene posibilidad valorar”. Ramón Álvarez de Miranda ha defendido de igual forma la marcha con la que publican sus informes como la fórmula para elegir a sus miembros. Y ha rechazado la posibilidad de incluir a la Casa del Rey porque ya publica el destino de su presupuesto y “la Constitución establece la libre distribución de su asignación”.