El PSOE propone un nuevo Estatuto

El orden sería este: proponer una reforma constitucional que introduzca en la Ley Fundamental ciertos elementos “singulares” para Cataluña (aunque no solo para esa comunidad), recuperando incluso algunos de los aspectos del Estatuto de 2006 recortados por el Tribunal Constitucional; convencer al resto de partidos —principalmente al PP, porque sin él es imposible— para hacerlo; aprobar esa nueva Constitución (con todo lo que conlleva: elecciones, Cortes constituyentes, nuevas elecciones, referéndum en toda España) y, por último, plantear a Cataluña que elabore un nuevo Estatuto a imagen y semejanza de esa Constitución, incorporando esos elementos que permitan dar otro salto en el autogobierno.

Y, como la aprobación del Estatuto implicaría a su vez un referéndum, ese sería el momento en el que se podría entender que los catalanes ejercen su “derecho a decidir”. Legalmente. Es decir, como han hecho hasta ahora.

Esa es la hoja de ruta del documento que la dirección del PSOE tiene ya sobre la mesa y en el que recoge su primera propuesta armada de reforma de la Constitución “en sentido federal”, según han explicado a este periódico fuentes del partido. Una propuesta que aún puede ser ampliamente modificada porque se va a someter a debate durante meses, pero que parte de esta premisa: el “derecho a decidir” es inaceptable... salvo que se le dé una vuelta a su significado.

El objetivo de este encaje de bolillos es apaciguar los ánimos independentistas en Cataluña y, a la vez, respetar los principios ideológicos socialistas. Porque el PSOE “nunca” —en adverbio del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba— va a aceptar un unilateral “derecho a decidir” de los catalanes, eufemismo del derecho de autodeterminación. Aunque el PSC, partido que representa a los socialistas en Cataluña, sí lo defiende. Y este será uno de los principales huesos para sacar adelante el proyecto. Otros podrían venir en dirección contraria: si el resto de comunidades se opone a ese trato constitucional “singular” para Cataluña.

El texto, ahormado por el diputado Ramón Jáuregui, ha tenido en cuenta, entre otras, las aportaciones de la federación de Andalucía —que encargó su propia propuesta a un comité de expertos— y ahora tendrá que ser debatido con los barones territoriales en un foro nuevo, creado expresamente para esto y presidido por el andaluz José Antonio Griñán.

La apuesta por constitucionalizar algunos de los aspectos inconstitucionales del Estatuto de 2006 para dar lugar a un nuevo Estatuto muy parecido a aquel —que esta vez sería difícilmente recortado por el Constitucional, porque sería hijo directo de la nueva Ley Fundamental— es una de las líneas maestras del plan socialista. Pero aún hay que decidir qué aspectos se incluyen, hasta dónde se llega. Dos de los ejes son el reparto de competencias y el modelo de financiación. Estos son los puntos de partida en el documento marco de la dirección:

Financiación: a vueltas con la ordinalidad.

Se trataría de recoger en la Constitución los “principios básicos del modelo”: la participación de las comunidades en los ingresos del Estado, el principio de solidaridad, los fondos de nivelación... ¿Y también el principio de ordinalidad? Esta es la gran incógnita, porque es lo que Cataluña exige pero podría causar serios problemas en otras comunidades. El principio de ordinalidad significa que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere la ordenación en renta per cápita de las comunidades autónomas; es decir, que las comunidades más ricas, cuyos ciudadanos aportan más en impuestos al conjunto del Estado porque su renta es más alta, no desciendan puestos después de hacer el reparto del fondo de solidaridad y de la inversión pública estatal.

“Forma parte del debate, pero no está decidido si vamos a asumir esto”, afirma el responsable del documento de la dirección, Ramón Jáuregui. Las comunidades con menos renta, o aquellas como Asturias (gobernada por el PSOE) que salen beneficiadas de los criterios actuales para el reparto del fondo de solidaridad, se oponen a un cambio del modelo en ese sentido.

Competencias fijas del Estado en un único artículo.

El objetivo es clarificar el complicado y cambiante reparto actual de competencias entre Estado central y comunidades, y acabar con las “transferencias eternas”, dicen las mismas fuentes. “Habría un artículo único con las competencias exclusivas del Estado, y el resto sería de las comunidades. Se suprimiría, por tanto, el artículo 150.2 \[el que dice que el Estado “podrá” traspasar materias de su competencia\]”. ¿Se traduciría eso en más competencias para las comunidades y menos para el Estado central? Los socialistas responden que “no necesariamente”, pero la puerta está abierta. Lo que sí rechazan de plano todas las fuentes consultadas en el PSOE —aunque nunca la han censurado públicamente— es la propuesta que el PSC lleva en su programa electoral: dejar al Estado las competencias en Defensa, Exteriores y algo de fiscalidad, y quitarle todas las demás. “Eso no es aceptable”, afirma Jáuregui, y el propio Rubalcaba. También se descarta, al menos en este documento, recuperar un aspecto clave del Estatuto de 2006 (tumbado por el Constitucional): el de federalizar el sistema judicial.

El concepto de España, el término nación.

Rubalcaba ha dicho que el “concepto de España” no se tocará. “Tampoco se llamará Estados a las comunidades ni nada parecido. No proponemos un Estado federal sino introducir elementos federales en el Estado autonómico”, añaden desde su equipo. Si se planteará que el hipotético nuevo Estatuto recupere el término de “nación” catalana, o solo en el preámbulo y sin valor jurídico como dijo el Constitucional, es algo que está por ver.