Los expertos piden que los partidos estén sometidos a la Ley de Transparencia

El Congreso acoge las primeras comparecencias previas a la aprobación de la norma

La tramitación de la Ley de Transparencia está dando hoy un nuevo paso con el inicio de las comparecencias de expertos en la comisión del Congreso de los Diputados en la que se debate el texto del anteproyecto.

En medio de la polémica por las cuentas del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y la auditoría a la que la dirección de los populares dice que someterá su contabilidad, el Congreso escucha cómo algunos de los expertos citados apuestan por la inclusión de los partidos políticos entre las instituciones y órganos que deberían someterse a la Ley.

Así lo expuso ya la organización Transparencia Internacional, cuyo presidente, Jesús Lizcano, es uno de los comparecientes en el Congreso. El colectivo realizó además otras recomendaciones entre las que se encontraba la fijación de infracciones y sanciones a políticos y funcionarios públicos que no cumplieran con las normas de transparencia.

El Gobierno incluyó sanciones en el apartado de Buen Gobierno para aquellos dirigentes que no cumplan, fundamentalmente, las normas sobre estabilidad presupuestaria, pero no dejó fuera el incumplimiento de las reglas de publicidad activa y del Derecho de acceso a la información pública.

Además, existe una petición pública, que ya ha sido apoyada por más de 50.000 personas, que exige la inclusión de los partidos alegando que estos "se financian en su mayor parte con fondos públicos y por lo tanto deberían responder a las mismas exigencias de transparencia que cualquier otro organismo público". La petición argumenta que el actual sistema de rendición de cuentas de los partidos "no es operativo", ya que el Tribunal de Cuentas lleva años de retraso en la revisión de datos, hasta el punto de que los posibles delitos en los que puedan haber incurrido podrían declararse "prescritos".

Otro de los puntos en los que los expertos han insistido es en el hecho de que el anteproyecto recoge la posibilidad del silencio como respuesta a las solicitudes de información pública. Pese a que la conversión de este en silencio afirmativo es complicada, los expertos sí apuestan porque exista, al menos, una obligación de contestar.

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La exclusión de los informes previos y comunicaciones internas de entre la documentación susceptible de ser solicitada es otro de los puntos que, según los expertos, debería reformarse durante la tramitación parlamentaria.

Además de Lizcano, hoy está prevista la comparecencia del director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, y de Antonio Garrigues Walker, Miembro Comité Ejecutivo Transparencia Internacional España.

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