El Gobierno crea un Consejo Asesor para decidir cuántos consejos elimina

El Gobierno anunció ayer que ha decidido crear un nuevo Consejo Asesor para determinar cuántos consejos asesores similares deben ser eliminados. El pasado 26 de octubre ya creó otra comisión, dividida en cinco subcomisiones, para llevar a cabo esa reducción de organismos públicos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, presidió ayer en La Moncloa la cuarta reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada por el Gobierno de Mariano Rajoy para, entre otras cosas, determinar de qué forma se puede reducir la estructura de la Administración. Para cumplir con una de las principales promesas electorales del PP, 13 meses después de la constitución del Gobierno, La Moncloa encargó ayer un “análisis detallado de los Órganos Colegiados de la Administración General del Estado: observatorios, consejos consultivos, comisiones, etcétera, que se han ido creando en los últimos años”, según la nota oficial de la Vicepresidencia.

Sobre ese estudio “se va a proceder a la cuantificación de los mismos para determinar los que tienen que seguir en funcionamiento”, según la información oficial. El 19 de diciembre de 2011, Rajoy anunció en su discurso de investidura como “medida urgente” la “reestructuración y supresión de organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas”. Añadía que “el Gobierno va a abrir un proceso de simplificación del sector público empresarial y fundacional del Estado con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades”.

Según dijo, se trataba de “eliminar ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre Administraciones públicas”. Pero hasta ayer no se ha puesto en marcha el proceso para averiguar qué organismos pueden ser eliminados.

Para recabar opiniones, el Gobierno ha anunciado que “se va a crear también un Consejo Asesor formado por un representante de cada uno de los siguientes sectores y organismos: sindicatos mayoritarios en la Administración pública, patronales de las empresas españolas, autónomos, Consejo de Consumidores y Usuarios, Defensora del Pueblo y sector académico”. En octubre la número dos del Gobierno ya informó de la creación de una comisión nueva que presidiría el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, con representación de otros ministerios afectados.

No hay fecha para la constitución de este nuevo consejo anunciado ayer, pero el Ejecutivo espera tener para el próximo 30 de junio el dictamen sobre los organismos a eliminar. Luego deberá proceder a ejecutarlo. Por el momento, ya ha recibido desde el 2 de enero 1.753 sugerencias de ciudadanos: 1.082 relativas a duplicidades administrativas y 671 relativas a trabas administrativas, según la versión oficial.

En la reunión de ayer, además de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, participaron los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y sus secretarios de Estado.

Además de esa reducción de la Administración, la comisión estudió el anteproyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado que prevé estudiar el Consejo de Ministros de mañana, viernes, y el llamado Pacto Local que verá la luz la siguiente semana. Este último supone la reforma de la ley de Bases de Régimen Local para reducir el gasto en los Ayuntamientos. Esta reforma parte del compromiso que hizo público Rajoy de reducir el 30% de los concejales, es decir, unos 25.000. Sin embargo, la reforma finalmente no eliminará más de 10.000 ediles, según las previsiones del propio Gobierno, tras la rebelión de los regidores del PP, que frenaron la aprobación de esta norma.

Rajoy habló entonces de un ahorro de 3.500 millones, pero el Ejecutivo también admite que la reducción no llegará a esa cifra en ningún caso. Por ejemplo, no podrá reducir mancomunidades, porque sirven para prestar servicios esenciales en pequeños municipios y porque la inmensa mayoría de los concejales no cobran sueldo alguno, según el PSOE.

La otra reforma, la de la unidad de mercado, fue también comprometida por Rajoy en su investidura y busca eliminar las trabas administrativas a las empresas en las distintas comunidades autónomas.