Madrid se aferra al euro por receta pese a la suspensión en Cataluña

La suspensión cautelar del euro por receta en Cataluña, acordada ayer por el Tribunal Constitucional, ha abierto una nueva caja de los truenos sobre las tensiones entre el Gobierno de la Generalitat y el Ejecutivo central. Pero al pulso entre Mariano Rajoy y Artur Mas, una partida ya casi exclusivamente copada por el debate soberanista, se añade ahora otro frente que enfrenta a la Comunidad de Madrid —la joya de la corona del PP, el Gobierno autónomo de un barón popular con más presupuesto y mayor población— directamente con La Moncloa.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya planteó el pasado diciembre un recurso de inconstitucionalidad del euro por receta, aprobado por la Generalitat el pasado junio gracias también a la abstención del PP de Alicia Sánchez-Camacho en el Parlamento autónomo. El pasado viernes anunció, además, que también lo planteará para el copago farmacéutico que entró en vigor el pasado 1 de enero en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno cree que ese copago “vulnera la igualdad de los ciudadanos”

Pese a esa advertencia y a la decisión del Constitucional, el Gobierno que preside Ignacio González no se da por aludido y seguirá cobrándolo hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre su caso. Así lo señalaron ayer fuentes del Ejecutivo regional, que vincularon de todas maneras esa decisión al mero respeto a los tiempos de la justicia, negando así una voluntad directa de desafío.

El abono de un euro por cada receta entregada en la farmacia para medicamentos que tienen un precio igual o inferior a 1,67 euros, IVA incluido, ha estado en vigor en Cataluña durante siete meses y ha permitido recaudar casi 46 millones de euros. La admisión a trámite del recurso supone ahora la suspensión automática durante cinco meses del pago del euro por receta en Cataluña, lo que ayer provocó la indignación y el rechazo del Gobierno de Mas, buena parte de la clase dirigente y colectivos profesionales del sector farmacéutico de esa comunidad. La Generalitat, que no ha confirmado todavía la recepción de la notificación de la suspensión cautelar, aseguró que presentará alegaciones ante el Constitucional, mientras que el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona señaló que no hará efectiva la resolución hasta que el tribunal la notifique de forma oficial.

En cualquier caso, la suspensión supone el primer paso de una decisión no solo jurídica, al margen de lo que dicte la sentencia definitiva, sino de un mensaje eminentemente político que tiene que ver una vez más con los equilibrios territoriales y el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Lo dijo la número dos del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes: el Ejecutivo entiende que la implantación “vulnera el principio de igualdad” de los españoles y con ella se “grava un acto médico”. Ese argumento se basa en la tesis del Consejo de Estado de que las comunidades autónomas no pueden determinar los precios de productos sanitarios, ya que “se considera que vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la sanidad y la igualdad de los españoles”.

Santamaría, que calificó ayer la admisión a trámite del recurso de normal praxis constitucional, volvió a insistir, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, en que “todos los españoles tienen que ser iguales en asuntos esenciales”, informa Europa Press. La vicepresidenta volvió, además, a apelar al poder del Ejecutivo central, al agregar que solicitó la suspensión de la norma porque está legitimado para ello, y por esta razón el Tribunal Constitucional se ha limitado a acceder “a una petición que ha hecho el Gobierno”. “Ya digo, normalidad constitucional”, zanjó.

No obstante, esa normalidad de la que habla Santamaría no lo es tanto ni para el Ejecutivo de la Generalitat ni, de momento, para Ignacio González en Madrid. “Un día nos dirán que es inconstitucional respirar en catalán”, manifestó Francesc Homs, consejero de la Presidencia y hombre fuerte del equipo de Artur Mas. Y si los argumentarios que el PP difunde entre sus dirigentes rechazan el euro por receta porque el partido entiende que “vulnera las competencias del Estado”, el presidente de la Comunidad de Madrid, donde ya se han expedido más de 1,6 millones de recetas, siempre ha defendido que esta medida es de su competencia y que “no es discriminatoria”.

La decisión enfrenta a Ignacio González con La Moncloa

Pese a estas fricciones, el número tres de los populares, el vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano, negó el lunes que exista “intranquilidad” en el PP madrileño. “No vemos ninguna situación de intranquilidad”, aseguró. Y en esa tesis abundó ayer el portavoz popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Manuel Cervera, quien, por otro lado, admitió que en algún momento tuvo que fallar el diálogo entre Rajoy y González. “El Gobierno de España”, señaló, “tiene el mismo criterio en todo el territorio nacional”, y rechazó que haya actuado “movido por intereses populistas”. “Cuando Cataluña puso en marcha la práctica del euro por receta, el Gobierno primero intentó dialogar con el Ejecutivo autonómico catalán y solo cuando no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo, interpuso el recurso al Tribunal Constitucional”. Y “este mismo proceso”, prosiguió, es el que se ha seguido con la Comunidad de Madrid.

Por eso, a la espera de que el Gobierno plantee un recurso formal ante el Constitucional también para el euro por receta implantado en Madrid, el Ejecutivo de González seguirá adelante con su plan de copago farmacéutico. Aunque desde su propio partido no se cansen de recordarle, como hizo Cervera, que “el Tribunal va en la línea del propio Ejecutivo central, en la creencia de que todos los españoles debemos tener el mismo trato sanitario, independientemente de la comunidad autónoma en la vivamos o nos encontremos”.