El Gobierno recurre el euro por receta de Madrid y pide la suspensión de la medida

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comunicado tras el Consejo de Ministros de hoy que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el euro por receta de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular (PP), en el que pedirá la suspensión de la medida. El Ejecutivo entiende que se "vulnera el principio de igualdad" de los ciudadanos y se "grava un acto médico". Cuando el Gobierno recurrió la misma decisión en Cataluña, alegó además que el cobro del euro por receta vulneraba la ley estatal que fija el precio de los medicamentos al establecer un sobreprecio. La fijación del precio de los medicamentos que son objeto de financiación pública es una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.16ª de la Constitución.

El partido socialista ha presentado esta mañana otro recurso ante el TC. Ambos partidos han encarado un enfrentamiento interno a cuenta de este recurso.

La medida, que está aplicándose desde el pasado 1 de enero, ha sido cuestionada por los farmacéuticos y los ciudadanos, que han visto encarecerse la factura, y también por la oposición madrileña (PSOE, IU y UPyD), aunque solo los socialistas se han planteado recurrirla. El presidente madrileño, Ignacio González, decidió implantar el polémico copago farmacéutico pese a que ya conocía la intención de Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma que lo permite en Cataluña, donde se cobra desde junio. La precipitación de la medida se evidenció además en el hecho de que la aplicación informática diseñada para aplicar la tasa ni siquiera está lista.

La intención del Gobierno de Rajoy es trasladar el recurso al Consejo de Estado por el proceso de urgencia y que en una semana esté presentado oficialmente ante el Tribunal Constitucional. Es el gesto político más agresivo que el Gobierno puede tener con una autonomía, y lo va a hacer precisamente con una del PP, la que tradicionalmente más enfrentamientos ha tenido con la línea política de Mariano Rajoy, antes con Esperanza Aguirre y, ahora, con González.

El Gobierno ya ha recurrido el euro por receta catalán, aunque en este caso esperó casi siete meses para hacerlo. Esto es, permitió que los catalanes pagaran esa tasa durante todo ese tiempo. De hecho, todavía siguen haciéndolo, porque el Constitucional aún no ha decidido paralizar la iniciativa, como reclama el Ejecutivo. Está previsto que lo haga en los próximos días.

Con Madrid, controlada por su propio partido, al contrario que Cataluña, Rajoy y su equipo no han tenido tanta paciencia. El recurso se iniciará solo dos semanas después de que haya entrado en vigor la norma, el 1 de enero. Pero la lentitud del Constitucional y los procesos administrativos, y sobre todo la incapacidad de Rajoy para controlar políticamente su partido, y en especial a Madrid, van a generar un gran caos durante semanas a todos los ciudadanos de Madrid que necesiten un medicamento con receta.

El PSOE no ha tenido menos tensiones internas a cuenta del recurso. La forma en que Tomás Gómez, líder del Partido Socialista de Madrid (PSM), ha gestionado este asunto ha provocado el malestar de la dirección federal. Un nuevo episodio de incomunicación y disputa entre el PSOE y su organización en Madrid.

El malestar se refiere al hecho de que los socialistas madrileños anunciaron el pasado diciembre que iban a interponer el recurso, que requiere la firma de 50 senadores o diputados y, por tanto, el respaldo de la dirección del PSOE. Gómez no hizo llegar a esta el texto de su propuesta de recurso hasta el pasado martes, mientras estaba reunida la Ejecutiva federal. Hasta el punto de que el portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias, hizo un comentario irónico sobre su desconocimiento sobre el recurso del PSM.

Gómez anunció el miércoles que ayer presentaría el recurso ante el Constitucional, pero la dirección federal lo frenó hasta hoy. Lo hizo porque advirtió deficiencias en el texto propuesto por el PSM. La primera es que pedía la paralización de la medida, lo que solo puede solicitar el Gobierno y cuya inclusión podía provocar que el recurso no fuera admitido. Pero también se distanciaba de la posición del partido en otras comunidades, especialmente Andalucía y País Vasco. En ambas hay conflictos con el Gobierno de Rajoy, que consideró competencia exclusiva del Estado la política de medicamentos. En Andalucía, Rajoy recurrió la subasta de medicamentos de la Junta y en Euskadi la negativa a aplicar el copago. El recurso del PSM planteaba que Madrid invade competencias del Estado. Por eso, el PSOE rectificó el texto del PSM, según las alegaciones de estas dos comunidades. 

Finalmente, Gómez, y los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y en el Senado, Marcelino Iglesias, ha sido los encargados de presentar formalmente el recurso ante el Constitucional. 

Rodríguez ha explicado los argumentos del recurso y ha señalado que reiteradas sentencias del alto tribunal establecen de forma clara que la legislación básica para la financiación sanitaria le corresponde al Estado y que las comunidades autónomas solo tienen competencias para mejorarla.