Echániz: “Si Urkullu quiere pagar las prótesis gratis a los alemanes, allá ellos”

El PP no se da por aludido en el mensaje del Tribunal Constitucional, que ha asegurado que una medida de ahorro no puede prevalecer sobre el derecho a la salud de los ciudadanos y que la restricción de la atención sanitaria a los sin papeles puede poner en riesgo la salud de toda la sociedad. “Se trata de una medida cautelar que, en ningún caso, supone una llamada de atención al Gobierno", por lo que "el Gobierno mantendrá las medidas", ha asegurado el secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, Ignacio Echániz, al ser preguntado por el auto del tribunal que permite al Ejecutivo vasco mantener la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. Es decir, el Gobierno mantendrá la exclusión de la red sanitaria a estas personas.

Además, Echániz ha asegurado que si el nuevo Gobierno de Urkullu quiere heredar del PSE, que perdió las elecciones vascas, una "situación en la que la sanidad ponga las prótesis gratis a los alemanes, allá ellos, pero que no compliquen la vida al resto de los españoles", informa Europa Press. El responsable de Sanidad del PP ha dicho también que el Ejecutivo vasco deberá asumir el coste de la atención a los sin papeles y ha advertido que la tarjeta que se les de allí no servirá en el resto del territorio nacional.

Echániz ha calificado de “auto provisional” el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que avala la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Los populares consideran que el alto tribunal “no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión” y “no pone en cuestión la competencia de la medida”. Se trata de una resolución temporal “hasta que exista la sentencia definitiva”, ha destacado Echániz, “teniendo siempre en cuenta que la tarjeta irá a coste del Gobierno del País Vasco”. Además, ha defendido la reforma alegando que "ha sido extraordinariamente positiva para los españoles, para la sanidad, para su sostenibilidad y para su futuro en todo el territorio nacional” y que las comunidades autónomas "han comenzado a salir del bache gracias a la reforma”.

El dirigente del PP, que ha trasladado el mensaje del Ejecutivo de Mariano Rajoy tras la clausura de la interparlamentaria del partido celebrada en Toledo, no interpreta el auto como un preludio de la sentencia. “En absoluto”, ha afirmado tras ser preguntado al respecto. “Es una medida garantista dentro de la normalidad”, no “una llamada de atención”. Echániz, que ha calificado de “extraordinariamente positiva” la reforma sanitaria, ha asegurado además que el sistema nacional de salud ha ahorrado en los últimos meses 800 millones de euros. Y en relación con el trato a los inmigrantes, se ha mostrado convencido de que "la asistencia a personas sin papeles tiene un nivel de generosidad muy superior todavía al de otros muchos países de la UE”.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha celebrado, a través de un comentario en su muro de Facebook, la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la atención sanitaria universal.

“Excluir a cualquier persona que viva en nuestro país de la sanidad pública, como quería el PP, con el argumento que sea, es éticamente inaceptable y genera un riesgo para la salud de la sociedad en su conjunto", afirma, siguiendo la argumentación del tribunal. "Por fortuna, el Tribunal Constitucional, al dejar sentado que el criterio del ahorro – ahorro que en este caso, como sostienen todos los profesionales, es inexistente- no puede primar sobre el derecho a la salud, ha confirmado lo que piensa cualquier persona con sentido común y sensibilidad ante la suerte de sus semejantes. Su decisión es una buena noticia para la salud de la sociedad española, en términos físicos, pero también morales”, añade.

Además, Rubalcaba recuerda que el auto responde a un decreto del Gobierno del también socialista Patxi López, en defensa "del derecho de los inmigrantes irregulares a recibir atención sanitaria".

También Izquierda Plural ha celebrado que el Tribunal Constitucional haya empezado a "desmontar" las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.