La Guardia Civil ayudará al nuevo Gobierno libio a controlar sus fronteras

España fue uno de los primeros países que reconoció al consejo rebelde libio y colaboró, con cazas F-18 y buques, en la intervención militar. Ahora espera tener también su parte en la reconstrucción. Catorce meses después de la muerte de Gadafi, una delegación española, encabezada por los ministros de Asuntos Exteriores y Fomento, José Manuel García-Margallo y Ana Pastor, e integrada por 16 directivos de empresas de sectores como infraestucturas, energía o comunicaciones se reunió este lunes con las nuevas autoridades de Trípoli. El viaje se había venido aplazando hasta ahora debido a la falta de interlocutores: el nuevo primer ministro, Ali Zidan, fue elegido el 14 de octubre y algunos ministros, incluido el de Exteriores, aún no han sido ratificados, por lo que Margallo fue recibido por su homólogo de Cooperación, además de por el propio Zidan y el presidente del Congreso, Mohamed Magarief, quien hace las funciones de jefe de Estado. La nueva Libia ni siquiera tiene todavía nombre oficial: está pendiente de la futura Constitución.

Pero el Gobierno español no ha querido esperar más. La producción petrolera se ha recuperado mucho antes de lo esperado y ya alcanza el nivel anterior a la guerra. También lo ha logrado la española Repsol, que extrae 330.000 barriles diarios. Empujada por la exportación de crudo, la economía libia crecerá este año en torno al 90%. El presupuesto para 2012 es de 54.800 millones de dólares, el mayor de la historia. Su programa de infraesructuras –que incluye la ampliación del aeropuerto de Mitiga, la línea férrea costera o el anillo de circunvalación de Trípoli— supone una oportunidad que las constructoras españolas no pueden dejar pasar.

Pero antes de emprender nuevos negocios hay que saldar las cuentas pendientes. Un comité anticorrupción libio está revisando con lupa contratos por valor de casi 10.000 millones de euros firmados en la última etapa de Gadafi. La compañía española más afectada es Sacyr, que se adjudicó por 700 millones la urbanización de las ciudades de Bengasi y Albeida. Ambos países acordaron ayer crear una comisión mixta para estudiar las reclamaciones, pero Trípoli dejó claro que no habrá trato especial para España.

Más grave que la inseguridad jurídica es la física. El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene en su página web la recomendación de no viajar a Trípolí “salvo extrema necesidad” y no acudir al sur o al este del país “bajo ninguna circunstancia”; un aviso disuasorio para cualquier inversor. Libia carece de un Ejército o una policía que merezcan tal nombre. Los repetidos intentos de desarmar a las milicias han fracasado. Lo que más preocupa es el descontrol de los más de 4.000 kilómetros de frontera desértica, por donde circulan las armas que han permitido a grupos terroristas vinculados a Al Qaeda hacerse con el control del norte de Mali.

Las autoridades de Trípoli han pedido el apoyo de la Guardia Civil para reconstruir su aparato de seguridad y Margallo ha prometido trasladar la petición al ministro del Interior. Se da por seguro que el instituto armado participará en la misión que planea la UE para formar y asesorar a Libia en la puesta en marcha de una guardia de fronteras. Un teniente coronel español formó parte del equipo que el verano pasado realizó una primera evaluación de sus necesidades.

Al socaire de los 28 millones incautados al exdictador egipcio Mubarak, Trípoli insistió en que se localicen y devuelvan los bienes de Gadafi en España. Fuentes diplomáticas aseguran, no obstante, que no queda mucho por rascar. El Banco de España ha levantado ya la intervención del Aresbank, con unos 350 millones en fondos, y la finca que el líder libio poseía en Málaga fue inmovilizada.