El Gobierno lleva al Constitucional el euro por receta porque rompe la igualdad

El Gobierno ha optado, finalmente, por acudir al Tribunal Constitucional para que sea este quien dirima sobre la capacidad, o no, de las autonomías para implantar el pago del euro por receta. Así lo ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo ha recordado que el Consejo de Estado vino a decir que las comunidades autónomas no pueden incidir en la fijación de estos precios de productos sanitarios. "Se considera que vulnera la normativa prevista en el Estado para garantizar la coordinación de la sanidad y la igualdad de los españoles. Esa tasa grava por dos veces la adquisición de medicamentos", ha justificado.

Además, el Gobierno tiene previsto solicitar en el recurso la suspensión cautelar del cobro del euro por receta, con lo que la medida quedaría en suspenso en Cataluña (donde se aplica desde junio). Madrid, que va a iniciar el pago por receta en enero, correría la misma suerte. Porque Santamaría ha sugerido que, si la Comunidad de Madrid aprueba el copago, también actuará contra ella. "No es norma todavía, no ha entrado en vigor", ha señalado la portavoz del Gobierno al ser preguntada por ello. "En el caso de que se produzca esa aprobación tendremos que responder de igual manera que ya lo hemos hecho con otra comunidad", ha respondido.

Madrid y Cataluña lo mantendrán

El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ha manifestado hoy su voluntad de mantener la tasa del euro por receta el próximo año por su valor sanitario y también económico."Podemos mantener servicios que si no, no podríamos. La friolera de 100 millones de euros al año --que se prevén recaudar-- no son despreciables para mantener servicios del sistema", ha señalado Ruiz, quien ha descartado valorar el recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la tasa catalana. Desde que la norma entró en vigor en Cataluña el 23 de junio, se han recaudado 40,2 millones de euros, según fuentes del departamento de Salud. Por su parte, el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, ha acusado al gobierno de Rajoy de "boicotear" sus medidas para cumplir el déficit, informa Dani Cordero. Mas-Colell ha asegurado que se trata de un caso de "populismo pagando otro".

El Ejecutivo de Rajoy se basará en su recurso, fundamentalmente, en el informe del Consejo de Estado que señaló la inconstitucionalidad de la medida porque invade la competencia exclusiva del Estado y porque introduce un factor de desigualdad en el acceso a los fármacos entre las autonomías.

El Gobierno cuenta con el informe del Consejo de Estado desde junio, poco después de que Cataluña anunciara la adopción de esta medida, que afecta a los medicamentos que cuesten más de 1,67 euros con exención para los perceptores de una pensión no contributiva o de la renta mínima de inserción.

El presidente de Madrid, Ignacio González, ha dicho esta mañana que dialogará hasta el final con el Gobierno de Rajoy para implantar el euro por receta, aunque ha advertido de que, si no hay acuerdo y el Ejecutivo regional sigue teniendo "el marco competencial a su favor, lo llevará adelante". El presidente ha manifestado que "entiende" que el Estado haya presentado este recurso contra Cataluña y le ha restado importancia, al considerar que es "algo bastante frecuente en las relaciones interadministrativas y no hay que sacarlo de contexto". "Hay muchos recursos entre comunidades y Estado y entre Estado y comunidades, del mismo y de distinto color político, y eso es algo muy normal en el estado de las autonomías", ha agregado.

Sáenz de Santamaría ha revelado que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se ha puesto en contacto con Ignacio González, y confía en llegar a un entendimiento "acorde con la Constitución". Por su parte, el presidente del Gobierno madrileño ha insistido en que, "como es lógico", tratará de buscar un acuerdo dialogando con el Gobierno para "resolver esta cuestión", al tiempo que ha defendido que es una medida "de racionalización del gasto sanitario" que en este momento es "absolutamente indispensable". La Comunidad de Madrid sostiene que el euro por receta es "una tasa sobre la prestación de un servicio, no una medida que entra a formar parte de la configuración" del precio de un medicamento y cree que la medida "entra dentro de las competencias de la Comunidad".