Guindos rebaja a 120.000 los potenciales beneficiarios del decreto antidesahucios

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha rebajado hoy en el Congreso a 120.000 las familias potencialmente beneficiarias del decreto antidesahucios que ha convalidado esta mañana la Cámara baja, pese a que él mismo cifró en 600.000 los "teóricos" afectados por la norma. El titular de Economía ha reconocido que la cifra que ha facilitado hoy tampoco es exacta y será mucho menor, "ya que no se dan, ni muchísimo menos, 120.000 desahucios por vivienda habitual en un año". El Ejecutivo sostiene, de hecho, que en los últimos cuatro años se han producido como mucho 15.000 desahucios de vivienda habitual. Además, Guindos ha anunciado que la bolsa de pisos de alquiler para desalojados, que aportan voluntariamente las entidades, cuenta ya con 6.000 viviendas.

El Gobierno hizo el primer cálculo de los potenciales beneficiarios del decreto que ofreció hace nueve días el ministro sobre la base de que 600.000 familias en España ganan menos de 19.000 euros al año (uno de los requisitos económicos que fija la norma) y destinan más del 50% de sus ingresos al pago de la hipoteca (otro de los requisitos), según explicó Economía. Pero como el decreto establece otros requisitos familiares además de los económicos, que son acumulativos, el Ministerio ha ajustado esa cifra a la baja. En todo caso, y tal y como ha recordado Guindos, la de hoy también es aproximada, porque no hay tantas familias afectadas por un proceso de desahucio. El ministro ha añadido hoy además que el 83% de los desahucios no afectan a primera vivienda y que la mayoría están vacías cuando se procede a la ejecución del desalojo.

Una portavoz de Economía ha ofrecido después su versión de las cifras: "Guindos no rebaja ninguna cifra sobre beneficiarios de desahucios: los 600.000 son los que están por debajo del límite de renta y su hipoteca les supone más del 50% de esta. Para acceder a la moratoria de dos años tienen que cumplir además una de las circunstancias familiares exigidas. Una vez cruzados todos estos datos estimamos que hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos. Así lo hemos explicado siempre, con la novedad hoy de que damos un dato más ajustado".

La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, ha calificado el texto de "arbitrario", porque excluye perfiles que son muy vulnerables, y ha censurado que sea "tan restrictivo que deja a las medidas sin contenido"."No llega a la altura de urgente y necesario", ha concluido. La portavoz socialista ha mencionado los "abusivos" intereses de demora y que no puedan ser beneficiarios de la suspensión de dos años los casos en los que la vivienda se la adjudica en subasta un tercero que no sea un banco. "No hay que tener miedo a ninguna medida", le ha espetado a Guindos.

El ministro ha sugerido también, en su defensa del decreto en la tribuna, que el Gobierno no está por la labor de reformar en profundidad la ley que regula el proceso de desahucio, tal y como piden los afectados, los jueces y la oposición."No se pueden adoptar medidas que alteren el diseño general del sistema normativo", ha asegurado. Según Guindos, las medidas que se adopten para hacer frente a los desahucios no deben convertir el acceso al crédito o a la vivienda en un "privilegio".

El ministro ha avanzado algunas de las líneas por donde sí podría ir la reforma de la ley, que se estudiará durante el trámite parlamentario. De Guindos ha hablado de "revisar los intereses de demora para que las personas situadas en el umbral de exclusión puedan afrontar con mayor solvencia el coste de su deuda", de "dar más independencia a las sociedades de tasación frente a las instituciones bancarias", de "evitar en el futuro el sobreendeudamiento, fomentando conductas más prudentes especialmente en las compras de vivienda habitual", o "evitar cláusulas abusivas en las contrataciones hipotecarias" y "clarificar la comercialización de hipotecas extremadamente complejas, por ejemplo, las contratadas en moneda extranjera". 

La Cámara baja ha dado luz verde con 185 votos a favor, 146 en contra y 2 abstenciones al decreto antidesahucios aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros. Lo ha hecho con los votos del PP y los de UPyD. Hace quince días se creó una expectación de consenso después de tres días de conversaciones entre el Gobierno y el PSOE para paliar la situación creada por los impagados de hipotecas y las posteriores ejecuciones de desahucios.

Sin embargo, el Gobierno aprobó en solitario el decreto y hoy no ha tenido más apoyo que el del partido de Rosa Díez, y no porque ambas partes compartan el contenido del decreto, sino porque UPyD tiene un compromiso del Gobierno para ampliarlo durante el trámite como proyecto de ley que ahora se inicia. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, se comprometió a estudiar la generalización de las daciones en pago para los impagos de hipotecas. Sin más concreción.

El portavoz del PP aseguró que “la filosofía” de UPyD contiene aportaciones interesantes sobre la ley Hipotecaria y la ley Concursal, así como la propuesta de arbitrar un procedimiento para que haya segunda oportunidad para los afectados por una situación de insolvencia sobrevenida.

El resto de grupos considera inaceptable el decreto por entender que se queda corto y no abordar el fondo del asunto, es decir, la modificación de la ley hipotecaria. El PP contactó ayer con otros grupos, que le trasladaron sus exigencias para discutirla durante el trámite de la ley. Pero hoy el voto de todos, salvo PP y UPyD, será negativo.

Mariano Rajoy defendió ayer en el Congreso el decreto por el que “se paralizan durante dos años los desahucios para los que no superen una renta de 1.597 euros al mes y se crea un fondo social de viviendas para que aquellos que han perdido su vivienda puedan alquilarla a un precio muy bajo”. Según dijo el presidente del Gobierno en respuesta al coordinador general de IU, Cayo Lara, “son medidas de choque, eficaces, operativas y, al mismo tiempo, mantienen los principios del ordenamiento jurídico y no convierten la excepción en una regla general”.

Lara le replicó que el decreto es fruto de la presión de la banca que impide modificar la ley para extender la excepcionalidad. “Los límites del decreto los ha puesto la banca española. Es la misma banca que amenaza con suprimir el crédito si se modifica la ley Hipotecaria”, aseguró.