La trama Mercurio de Sabadell da la puntilla al PSC tras el duro revés electoral

La trama de corrupción urbanística desarticulada ayer en Sabadell llega en el peor momento de la historia del PSC, que viene de sufrir un duro revés electoral. Nunca como ahora los socialistas habían tenido tan poca representación en el Parlamento catalán (20 diputados) y nunca como ahora las sospechas de corrupción habían salpicado a dos destacados miembros de la dirección: el secretario de Organización, Daniel Fernández, y el secretario de Política Municipal, Manuel Bustos.

Ambos abandonaron ayer sus responsabilidades en el partido de manera temporal hasta que se aclare su implicación en la trama, pero ambos continuarán también en sus cargos públicos; Fernández como diputado en el Congreso, hasta que se constituya el Parlamento catalán y cambie un acta por otra, y Bustos como alcalde de Sabadell.

El programa electoral con el que el PSC concurrió a las elecciones del pasado domingo proponía “un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas en relación con las personas acusadas de corrupción económica, que incluya su separación transitoria del cargo y del partido en el momento de una imputación formal por parte de un juez de instrucción”.

El propio Daniel Fernández explicó que ese acuerdo que proponía el PSC en su programa todavía no se ha producido y que, mientras tanto, ha de aplicarse el código ético del PSC, en el que se dispone que se abandonarán los cargos en el partido en caso de inculpación y procesamiento.

Bustos sí ha sido imputado formalmente, pero no así Daniel Fernández, al que los Mossos d'Esquadra comunicaron ayer oficialmente su implicación en el caso por un presunto delito de tráfico de influencias. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell empezará a tomar declaración el próximo sábado al alcalde de Sabadell y al resto de imputados.

En respecto a Daniel Fernández, el juzgado deberá decidir si desgaja la parte de las diligencias que le afectan y las envía al Tribunal Supremo, por la condición de aforado de Fernández, o bien remite al alto tribunal todas las diligencias, lo que parece poco probable. Cuando se produzca ese trámite, el Supremo decidirá si imputa o exculpa a Fernández. Si la decisión se retrasa, quien decidirá sobre su situación judicial será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El caso supone un mazazo al discurso regenerador que propone Navarro

Fuentes de la investigación explicaron que la implicación de Fernández en el caso se basa en una conversación telefónica que mantuvo con la alcaldesa de Montcada i Reixac, la también socialista María Elena Pérez, en la que supuestamente mediaba para emplear a una ex alto cargo del Departamento de Política Territorial de la Generalitat de la época del tripartito. La persona en cuestión ganó finalmente el concurso de méritos convocado por el Ayuntamiento.

Daniel Fernández admitió ayer que ese diálogo con la alcaldesa se había producido. “Yo tengo conversaciones con muchos alcaldes”, dijo el diputado socialista. “Estoy muy tranquilo, porque en ningún caso he cometido ningún delito”, apostilló.

La comunicación de la implicación de Fernández estuvo rodeada ayer de ribetes esperpénticos. A las 17.00 había convocado una rueda de prensa como secretario de Organización del partido para valorar la trama de corrupción. Mientras los periodistas esperaban en la sede del PSC, entraron dos agentes de los Mossos d'Esquadra con una carpetilla en la mano que les delataba. Los policías se entrevistaron con Fernández, a quien invitaron a telefonear a un mando policial. Así lo hizo el dirigente socialista cuando acabó la rueda de prensa y se le invitó entonces a acudir a comisaría. Fue entonces cuando supo que estaba implicado en la investigación. El primer secretario del PSC, Pere Navarro, guardó ayer un silencio sepulcral y ha convocado a la prensa para hoy.

Las acusaciones de corrupción que pesan sobre los miembros de su ejecutiva suponen un mazazo al discurso de regeneración democrática que propone el líder del socialismo catalán. El mismo Navarro dijo el pasado lunes, al anunciar las primeras actuaciones que haría su partido, que “la profundización democrática, la transparencia y la lucha contra la corrupción” será una de las prioridades de los diputados del PSC.

Esquerra Republicana exigió el cese de los cargos públicos del PSC implicados y una comisión de investigación para esclarecer los hechos. En términos similares reaccionó el Partido Popular. Alicia Sánchez-Camacho reclamó que Manuel Bustos dimitiera “de forma inmediata” de sus responsabilidades en el Ayuntamiento y la Federación de Municipios de Cataluña. El grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Sabadell también reclamó una comisión de investigación para “asegurar que los servicios públicos se están ofreciendo a precios de mercado”.