Una consulta a cuatro años vista

El objetivo de Artur Mas para las elecciones de ayer era la mayoría absoluta o, en su defecto, una mayoría de las dos terceras partes del Parlamento para los partidos que defienden el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Con el primer escenario descartado desde mediados de la campaña electoral, los nacionalistas tampoco podrán en el segundo. El bloque partidario de la consulta suma 87 de los 135 diputados del hemiciclo, uno más que en la pasada legislatura y pero tres por debajo de los dos tercios simbólicos que buscaba Mas. No es pues la aplastante mayoría perseguida para convocar un referéndum. Y además es tan heterogénea —CiU, ERC, ICV y la CUP— que tampoco podría ser utilizada para otras votaciones de calado, como la elaboración de una ley electoral o una eventual reforma del Estatuto.

El Gobierno catalán tomará posesión la semana de Navidad para comenzar a trabajar a pleno rendimiento la primera semana del año. Será entonces cuando Mas haga el primer gesto. Convocará a todos los partidos a una reunión para ver qué consenso genera su plan. No tendrá problemas para sumar a Esquerra Republicana y tampoco se le debería complicar excesivamente conseguir el apoyo de Iniciativa per Catalunya, si bien los ecosocialistas no piensan hacer bandera de este proceso.

La ofensiva legal y política comenzará inmediatamente después, aunque el ritmo dependerá de los apoyos externos que logre Mas. En primer lugar, Convergència i Unió quiere aprobar en el Parlamento catalán una Ley de Consultas Populares que abra la puerta a preguntar a los ciudadanos por el futuro de Cataluña. Obviamente el Parlamento autónomo no puede organizar un referéndum de autodeterminación pero CiU trabaja con la tesis de elaborar una ley que permita una consulta no refrendataria y no vinculante pero que tendría mucha fuerza política. En un intento de sortear los numerosos impedimentos que con toda probabilidad pondrá el Gobierno central, CiU quiere una ley de consultas que no utilice el censo electoral, sino el padrón y en la que puedan votar, por ejemplo, los mayores de 16 años.

Pero nada de esto es garantía de que el Tribunal Constitucional pueda suspender esta ley nada más aprobarse. Por esta razón, Mas pretende mantener una negociación paralela con el Gobierno de Mariano Rajoy. No hay calendario para hacerlo, pero el líder de CiU insiste en que la estrategia “no puede demorarse mucho”. Dos o tres años a más tardar, dicen otras fuentes nacionalistas.

Convergència i Unió prevé presionar a favor del proceso desde todos los frentes, también el internacional. Pese a la frialdad que encuentra Artur Mas cada vez que intenta explicar fuera de España el proceso soberanista de Cataluña, los nacionalistas esperan algún tipo de gesto a nivel internacional. “No esperamos que presionen a nuestro favor, solo que pongan de relieve que hay países donde los gobiernos se ponen de acuerdo para organizar una consulta a los ciudadanos como en Escocia y otros países donde no se quiere escuchar la voluntad popular”, explican fuentes nacionalistas. Este proceso internacional tendría su punto álgido pues en 2014, coincidiendo con el referéndum que celebrará Escocia para decidir si se separa del Reino Unido.

Si la estrategia sigue sin funcionar, Artur Mas ha asegurado que no descarta acudir a los tribunales europeos para denunciar que el Gobierno impide a los catalanes votar sobre la soberanía de Cataluña. Lo que no ha aclarado es si mantendrá su estrategia congelada mientras estos tribunales se deciden, algo que podría llevar muchos meses. Políticamente, la otra opción ante el fracaso de estas gestiones sería volver a convocar elecciones catalanas con un carácter más plebiscitario que las de ayer si cabe. Convergència i Unió podría presentarse con un programa netamente independentista para volver a medirse las fuerzas con PP y PSC. Serían las segundas elecciones anticipadas en Cataluña en pocos años, algo que el resto de partidos ven como una auténtica barbaridad.

La incertidumbre que genera esta hoja de ruta es lo que hace que Convergència i Unió haya buscado durante toda la campaña una mayoría de dos tercios de los partidos que piden el derecho a la autodeterminación.

Sin esa mayoría, el Parlamento catalán tampoco podrá aprobar un nuevo Estatuto que sirviera de embrión para una eventual Constitución catalana. Este punto CiU no lo lleva en su programa, pero matemáticamente hubiese sido factible. Tampoco se podrá aprobar una ley electoral con los parámetros que estos partidos consideren oportunos.

Esta hoja de ruta soberanista se solapará con los graves problemas económicos de la Generalitat, que este año ha acudido al Fondo de Liquidez Autonómica para pedir ni más ni menos que 5.400 millones. Esta intervención de facto de las cuentas catalanas se reflejará con nuevos recortes en los Presupuestos del año que viene. El primer gran escollo, pues, será aprobar las cuentas. Para todo ello es muy difícil que CiU logre atraer a Esquerra. Imposible con ICV y CUP. Solo quedan dos hipótesis complejas: PSC y PP.