Una empresaria hija de Abel Matutes será juzgada por negociaciones prohibidas

La empresaria y expolítica del Partido Popular Estrella (Stella) Matutes Prats será juzgada por un supuesto delito de negociaciones prohibidas por un tribunal con jurado. Está acusada por haber votado en 2005, mientras era consejera del Consell de Ibiza, a favor de la aprobación del Plan Territorial Insular que afectó a unos terrenos en los que ella tenía interés "personal directo y familiar", según la Audiencia de Palma.

La empresa Marina de San Antonio Abad, de la que Stella Matutes –hija del exministro y empresario Abel Matutes- formaba parte, vendió en 2004 a la firma Realia, por 41 millones de euros, unos 40.000 metros cerca del litoral de Ses Variades de Sant Antoni de Portmany, en la isla de Ibiza.

La operación quedó condicionada con una cláusula de resolución a favor del comprador. La venta se ligó a la calificación urbanizable del solar, en el plazo de tres años, a través el citado plan territorial. Era la época de ebullición inmobiliaria.

La Audiencia señala que, “al existir ese conflicto entre intereses particulares y públicos", la empresaria "venía obligada a haberse abstenido en la votación, lesionando su actuación el deber de imparcialidad y objetividad que están obligados a observar los funcionarios en los actos, acuerdos o contratos en los que deban intervenir por razón de su cargo".

El caso judicial había sido archivado en los juzgados de Ibiza, por el instructor con la anuencia del fiscal. La Audiencia de Palma ha enmendado el carpetazo y ha valorado parcialmente el recurso de la acusación particular, los ecologistas de Ibiza, el Grupo de Estudios de la Naturaleza (Gen-GOB). La denuncia inicial contemplaba otros tres delitos: prevaricación y tráfico de influencias e información privilegiada, que quedan fuera del marco penal del asunto para los magistrados.

El fiscal afirma que la operación generó fuertes plusvalías por la mejora de las expectativas de explotación inmobiliaria vinculada a un nuevo puerto deportivo en la bahía de Sant Antoni. Los Matutes aseguraron que aquellos siempre habían sido terrenos urbanos y exhibieron los recibidos de contribución abonados. Abel Matutes recalcó que su hija, mientras se dedicaba a la política, no era consejera ni participaba en las empresas de su grupo.

La acusación de la Fiscalía se dirigió, inicialmente, también contra otros tres cargos públicos del PP de Ibiza, Joan Marí, Antoni Marí y José Sala. Los tres quedaron exonerados de implicación penal.

Estrella Stella Matutes, en la legislatura 2003-2007, cuando se decidió el Plan Territorial de Ibiza fue consejera de Hacienda, Vías y Obras en el Consell de Ibiza y gestora de las polémicas autovías y carreteras insulares. En 2007 fue elegida diputada balear, al ser promocionada por el candidato-presidente Jaume Matas, pero el PP perdió el poder en todas las Baleares y quedó en la oposición en el Consell de Ibiza. En 2008 dejó la política para centrarse en los negocios turísticos familiares.