La fiscalía balear denuncia por corrupción a una hija de Matutes y tres cargos del PP
Los cuatro dirigentes votaron planes urbanísticos ilegales a favor de fincas de sus familiares
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Baleares, Adrián Salazar, ha presentado una denuncia contra Estrella Matutes, del PP, consejera del Consell de Ibiza e hija del empresario y ex ministro del PP Abel Matutes, por aprobar la recalificación de un terreno rústico que planeaba urbanizar una empresa de su familia. La denuncia se dirige también contra otros tres cargos públicos del PP de Ibiza, Joan Marí, Antoni Marí y José Sala, por intervenir en modificaciones supuestamente interesadas e ilegales que beneficiaron a sus propiedades.
Los acuerdos políticos cuestionados quedaron reflejados en la aprobación del Plan Territorial de Ibiza. La fiscalía considera que Estrella Matutes incurrió en delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
Estrella Matutes, que en la legislatura 2003-2007 fue consejera de Hacienda, Vías y Obras en el Consell de Ibiza y tras el 27-M representa al PP en la oposición, ha sido acusada de participar en la modificación supuestamente "ilegal y arbitraria" del uso urbanístico de un suelo de la isla de Ibiza, en Ses Variades de Sant Antoni, en el que su grupo familiar tenía intereses. Esta decisión entrañó la generación de fuertes plusvalías por la mejora de las expectativas de explotación inmobiliaria junto al litoral, ligadas además a un nuevo puerto deportivo en la bahía de Sant Antoni.
Explotación residencial
Sobre 40.000 metros cuadrados afectados por una de las decisiones urbanísticas denunciadas, se concretó una operación de 26,4 millones de euros por parte de las empresas Matutes, que efectuaron una venta a Realia Bussines, con una escritura condicionada a que los terrenos se modificaran para su explotación residencial. En el caso de que las parcelas no pudieran edificarse, si el plan no se ajustaba a lo previsto, el contrato de venta de los Matutes quedaba anulado por una cláusula de resolución.
Estrella Matutes tenía interés directo y no se abstuvo en la votación, invoca la fiscalía. En 2005 era miembro del pleno del Consell de Ibiza, como consejera, e intervino directamente en la aprobación del plan territorial, que se adaptaba perfectamente a las condiciones del contrato privado de negocio de las empresas de su familia con Realia Bussines, a expensas de las modificaciones de planeamiento.
El fiscal entiende que se ignoró la Ley de Costas y las leyes territoriales y hoteleras de las Baleares. Matutes y Realia se asociaron a otros proyectos que el plan posibilitó.
La fiscalía ha investigado durante meses una denuncia efectuada por los ecologistas del Grupo de Estudios de la Naturaleza GEN-GOB y, pasado el período electoral, ha emprendido la acción penal, que instruirá el juzgado número 3 de Ibiza.
Las sospechas sobre conductas supuestamente delictivas afectan asimismo a los hermanos Joan Marí Tur, conseller de Patrimonio en funciones, y Antoni Marí Tur, parlamentario, y a José Sala, alcalde de San Antonio, que ratificó los procedimientos cuestionados.
Los hermanos Marí no se abstuvieron de intervenir en determinadas recalificaciones urbanísticas que afectaron a fincas de las que eran copropietarios y se vieron beneficiadas por las nuevas expectativas urbanizadoras. Según la acusación de la fiscalía, ignoraron las disposiciones de protección del territorio, las calificaciones de suelo rústico y una sentencia del Supremo. De manera arbitraria, contrariaron el ordenamiento jurídico para favorecer sus intereses particulares.
