La fiscalía y la policía acudieron a cuatro jueces para judicializar la operación

No era estrictamente la Operación Emperador —la mayor contra el crimen organizado de los últimos años—, pero sí su origen. La Fiscalía Anticorrupción presentó a principios de 2010 una querella contra el crimen organizado chino que no fue admitida a trámite por el juez Ismael Moreno. En ella denunciaba que 40 personas formaban parte de una “organización dedicada a blanquear capitales”. Todo había comenzado con la denuncia de un ciudadano chino: decía que le habían robado el dinero que llevaba en un camión que se dirigía a Barcelona. Al final, él mismo confesó eran cinco millones de euros, y la policía comenzó, poco a poco, a tirar del hilo, a ver cómo se iba a mover ese dinero, hasta que llegó a un entramado monumental con tres clanes implicados, gracias a las investigaciones de distintas unidades del Cuerpo Nacional de Policía que se iban añadiendo según crecía el asunto.

Anticorrupción presentó la querella. Después del rechazo inicial de la competencia por parte de la Audiencia Nacional, fiscalía y policía pelearon denodadamente para conseguir que algún juez se hiciera cargo del caso. El asunto pasó por la Audiencia Nacional, por un juzgado de instrucción de Madrid, por un juzgado de instrucción de Fuenlabrada, y al final volvió a la Audiencia, pero a las manos de Fernando Andreu.

Dónde se blanquea

La fiscalía recurrió la primera decisión del magistrado Ismael Moreno, pero sin éxito. “Una parte importante del blanqueo se realiza en China”, señalaba el recurso, “pues el dinero recogido a partir de las actividades delictivas ejecutadas en España es transferido o llevado físicamente a China, donde se invierte en fábricas e inmuebles”. La cuestión, para determinar la competencia, era si el delito de blanqueo se consumaba en España o en China. Si lo hacía en España, la Audiencia Nacional no era competente. Si lo hacía en China, sí.

Según Moreno —y su decisión fue después ratificada por el pleno de la Sala de lo Penal en un auto de 8 de junio de 2010—, se había ingresado dinero en cuentas bancarias en España, por lo que el delito de blanqueo se había consumado en nuestro país y la Audiencia no era competente. El asunto fue después al juzgado de instrucción número 16 de Madrid, cuyo titular es José Emilio Coronado, que también lo archivó. Con uno de los numerosos flecos, y por hechos presuntamente delictivos cometidos en Fuenlabrada, los investigadores acudieron a los juzgados de este municipio, y una magistrada inició la instrucción. Después, otro de los flecos llegó a la Audiencia Nacional, al juez Fernando Andreu, que acabó pidiendo el caso a Fuenlabrada y se encargó de toda la operación.