El Gobierno advierte a Mas de que se enfrenta a una pena de inhabilitación

El Gobierno insistió este lunes en algo que ya había dicho en las últimas semanas: responderá con la ley si el Gobierno catalán de Artur Mas convoca un referéndum ilegal. Pero el Ministerio de Justicia concretó esta vez un poco más, señalando el “delito” del que se acusaría al presidente catalán: “Desobediencia”, recogido en los artículos 410 y 411 del Código Penal y castigado con hasta tres años de inhabilitación para ejercer cargo público. Artur Mas, por su parte, anunció que si le “tumban” el referéndum trabajará para “internacionalizar el conflicto”, desplegando su potencial político y propagandístico ante la UE y los “tribunales europeos”. No aclaró si eso significa que, mientras él se explica y busca apoyos en el extranjero, la celebración del referéndum ilegal quedaría paralizada.

“Si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habrá que exigir responsabilidades es a esa persona”, afirmó por la mañana en La Sexta el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando le preguntaron si el Ejecutivo se plantea la opción de suspender la autonomía o alguna otra respuesta similar en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El ministro explicó que, si la Generalitat convoca un referéndum para el que no tiene competencias, el Gobierno pedirá al Tribunal Constitucional que suspenda esa convocatoria; y, si esa suspensión no se acatase, se produciría “un acto ilegal”. “Cualquier cargo público que actuase en contra de un mandamiento de un tribunal estaría cometiendo un delito”, señaló. Él no dijo qué delito sería ese, pero una portavoz de Justicia aclaró más tarde que se trata del delito de desobediencia, castigado con multa de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años (hasta tres años si la desobediencia se mantiene).

Fuentes del ministerio explicaron que “no está en mente” endurecer ese artículo en la reforma del Código Penal actualmente en marcha o recuperar el delito de convocatoria ilegal de referendos (penado con cárcel) que el Gobierno del PP creó en 2003 y el del PSOE eliminó en 2005. Subrayaron también que ningún departamento del Gobierno lo ha pedido hasta la fecha.

La estrategia de Artur Mas en estas últimas semanas se ha basado en sostener que el proceso de convocatoria del referéndum será “escrupulosamente democrático” y que la Generalitat aplicará —no dice cómo— el marco legal que mejor pueda responder a sus intereses, ya sea español, catalán o europeo. Este lunes, el presidente de Cataluña reiteró que su voluntad es lograr mayoría absoluta el 25 de noviembre para negociar con la máxima fuerza ante el Gobierno central y lograr que se celebre el referéndum de autodeterminación en los próximos cuatro años. Ante el más que probable portazo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Artur Mas intentará apoyarse en una ley catalana de consultas que no llame referéndum a ese referéndum (y que utilice el padrón como registro de votantes, no el censo electoral), para sortear los límites marcados por el Constitucional en la sentencia que tumbó el referéndum previsto en 2008 en el plan Ibarretxe, informa Miquel Noguer.

Pero el Gobierno ya ha anunciado que solicitaría al Constitucional la suspensión de esa ley catalana de consultas. De ahí que Mas insistiera este lunes en que si le “tumban” la ley su intención es “internacionalizar el conflicto”: acudir a la UE y a los “tribunales europeos” —probablemente coincidiendo con la celebración del referéndum de autodeterminación en Escocia— y buscar allí apoyos a sus pretensiones. Denunciar, dijo en TV3, que España “ni tan solo deja que se consulte a la gente”.

Lo que el Gobierno catalán no aclara es si la convocatoria de la consulta quedaría interrumpida mientras se realiza esta ofensiva legal y política ante las autoridades comunitarias. “Ahora la prioridad son las elecciones del 25-N”, responden en el entorno de Mas.

También la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, advirtió a la Generalitat de que el Gobierno utilizará “todos los instrumentos legales para impedir” la celebración de una consulta de autodeterminación. Si bien luego matizó que “hoy por hoy” las aspiraciones soberanistas de Mas “solo son declaraciones y no otra cosa”, sí insistió en que el Ejecutivo no dudará en adoptar “todas las decisiones legales que estén a su alcance, todas y cada una de ellas, para que no se practique ninguna actuación ilegal”.

Cospedal evitó aclarar si uno de esos instrumentos sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Ejecutivo adoptar “las medidas necesarias” si un Gobierno autónomo no cumple “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan” o actúa “de forma que atente gravemente al interés general de España”. Tampoco se quiso pronunciar sobre una modificación del Código Penal para volver a castigar con prisión la convocatoria de referendos ilegales.

Desde el Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, se puso en cuestión que el Gobierno pueda perseguir penalmente a Mas. Su portavoz, Gabriela Bravo, mostró sus dudas de que los planes de la Generalitat sean constitutivos de delito: “Constitutivo de delito, no; porque ese tipo fue despenalizado”, dijo en TVE, aunque haciendo solo referencia al tipo delictivo de convocatoria ilegal de referendos, eliminado efectivamente en 2005. “Yo es que creo que a las palabras del señor Mas se les ha dado quizá una sobredimensión”, añadió la portavoz. “Mas, en el marco de una campaña electoral, lo que ha anunciado es que quiere escuchar al pueblo catalán. Sí, es cierto que ha hablado de consulta… Bueno, vamos a ver qué es lo que convoca y entonces tendremos que dar una respuesta”.