Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

PP y PSOE se sentarán a hablar tras el 21-O de la reforma de la Administración

El Gobierno retoma su plan para reordenar competencias y evitar duplicidades

La propuesta de Montoro ha chocado con Ayuntamientos gobernados por el PP

PP y PSOE se sentarán a hablar tras el 21-O de la reforma de la Administración Ampliar foto

El Gobierno quiere intentar recuperar en las próximas semanas las negociaciones con el PSOE para abordar la reforma de la Administración. Esas conversaciones están encalladas desde antes del verano, tras unos mínimos contactos preliminares y después de que el Ejecutivo constatara que, además de las discrepancias con el PSOE, hasta los Ayuntamientos del PP se oponen abiertamente a sus propuestas porque temen perder competencias. El pasado lunes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, remitió una carta a Gaspar Zarrías, responsable de Política Municipal del PSOE, acusando recibo de las propuestas socialistas. Según fuentes del PP, el objetivo es recuperar las conversaciones tras las elecciones vascas y gallegas del 21 de octubre, aunque aún estén pendientes las catalanas de 25 de noviembre.

Responsables de ambos partidos aseguran que son conscientes del rechazo ciudadano al actual modelo que arrojan todas las encuestas, y saben que no se puede avanzar sin acuerdo entre PP y PSOE. Sin embargo, la discrepancia es total sobre la forma de abordar la reforma. El calendario electoral y las posiciones independentistas en Cataluña y País Vasco complican el diálogo.

Diferencias casi insalvables

Propuestas del PP

- Eliminación de 21.338 concejales (el 31% de los 68.578 actuales) y que los municipios no puedan tener más de 35.

- Las diputaciones asumirían los servicios municipales en las localidades de menos de 20.000 habitantes (el 95%).

- Limitar y homologar el sueldo de los concejales.

- Reducir el número de parlamentarios autonómicos y reducir instituciones como los defensores del pueblo.

Propuestas del PSOE

- Estado federal, con modificación de la Constitución y reforma de la composición y competencias del Senado.

- Conversión de las diputaciones en “consejos de alcaldes”, traspasando buena parte de las competencias a las comunidades.

- Creación de una Conferencia General de Política Local que coordine los distintos ayuntamientos y estudie los anteproyectos de ley del Gobierno que afecten a las entidades locales.

La postura del Gobierno, recogida en el proyecto de ley de Haciendas Locales estudiado antes del verano, se basa en la reducción de Ayuntamientos, la cesión de competencias municipales a las diputaciones y, especialmente, en la eliminación de duplicidades. Sin embargo, el PSOE ha presentado su propia propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en la que rechaza suprimir Ayuntamientos y ediles. Además, en las últimas semanas los socialistas han incorporado a su discurso la reforma profunda del Estado hacia un modelo federal, lo que implicaría un cambio constitucional, un referéndum y un proceso lento y complicado.

Es decir, el PSOE rechaza abiertamente lo que considera una propuesta “centralizadora y cosmética” del Gobierno y el PP entiende que es “irreal” la idea federalizante de los socialistas.

Según los populares, hay que preservar el Estado de las autonomías, pero el actual modelo “no se sostiene” por las duplicidades de competencias entre ayuntamientos y diputaciones, mancomunidades, comunidades y la Administración central. Explican que hay competencias, como los servicios sociales, en manos de hasta cuatro administraciones distintas. El PP sospecha que el PSOE se aferra al federalismo solo porque “está sin espacios” y pese a saber que es una propuesta inviable, porque comunidades como País Vasco y Cataluña no aceptarán nunca un modelo uniforme para todos, por lo que no se resuelve con ello el problema de las tensiones territoriales. En opinión de los populares, además, “el federalismo puede ser más centralista porque ya las comunidades tienen más competencias y manejan más recursos que en un Estado federal”.

Fuentes del PP admiten, por otro lado, que la posibilidad de pacto está limitada por el contexto político: si en Galicia no hay mayoría absoluta del PP, si en el País Vasco hay un Gobierno soberanista o si CiU logra gobernar en solitario en Cataluña, será complicado un acuerdo con los socialistas: el foco del debate territorial no estaría en las propuestas sobre el modelo de la Administración sino en la forma de hacer frente a desafíos independentistas.

De hecho, la gestión de las posiciones de Artur Mas en Cataluña ha sido objeto de conversaciones reservadas entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Hablaron antes y después de la visita de Mas a La Moncloa y la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. Según el Gobierno, hubo acuerdo en oponerse a pretensiones como el pacto fiscal y la consulta sobre la independencia en Cataluña.

De acuerdo con esta versión, Rubalcaba pidió mantener esa posición común en un ámbito reservado, para que el PSC pueda tener un discurso propio: si los socialistas aparecen identificados con el PP frente al soberanismo, corren el riesgo de sufrir un descalabro electoral, aprisionados entre los nacionalistas que quieren cambiar la situación actual y los populares que propugnan mantener el Estado autonómico. Por eso, el PSOE busca posición propia en la defensa del federalismo, con el ánimo de presentar al PSC como el partido que embrida a CiU.

En mayo, cuando aún no se había desatado el desafío soberanista en Cataluña, Rajoy y Rubalcaba acordaron abrir conversaciones para reformar la Administración. Hubo contactos entre Montoro y Zarrías y también con la participación por el PP de Javier Arenas y Manuel Cobo, pero apenas se pasó de contactos preliminares e intercambio de papeles.

El Gobierno tampoco tuvo mucho interés después en agilizar esos contactos porque ha chocado con el rechazo de sus ayuntamientos y, desde luego, de los socialistas. Según el PSOE, la propuesta del Gobierno de nueva ley de Haciendas Locales se limita a cambiar 15 artículos y a trasladar la ley de estabilidad presupuestaria que, en la práctica, ya es aplicable a todas las Administraciones.

Especialmente conflictivo es el artículo que permite privatizar servicios municipales y que ya ha sido cuestionado por la FEMP, en la que el PP tiene una amplia mayoría. En paralelo, el Gobierno negocia con las comunidades la aplicación del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir empresas y organismos públicos de ayuntamientos y comunidades, que está casi paralizado y que ahora se complica con las reivindicaciones sobre el reparto del déficit y la renovación del modelo de financiación autonómica.