PP, PSOE y UPyD rechazan que Cataluña pueda convocar referendos

De entrada, quienes han propuesto y defendido que Cataluña convoque un referéndum no se han llamado a engaño. Ya saben cuál es la respuesta legal: comunidades autónomas y Ayuntamientos tienen capacidad para convocarlos pero, según el artículo 149.1 de la Constitución, el Estado debe autorizarlo. Pero no se trata de legalidad sino de política. Esta es la motivación que ha guiado al portavoz de ERC, Alfred Bosch a defender una Proposición no de Ley sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de las facultades de ejecución del Estado “para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”. La votación ha colocado a ERC, ICV, CiU, PNV y Mixto de un lado, a favor de la proposición, y en contra el PP, PSOE y UPyD, que han ganado por 276 votos frente a 42 síes.

De fondo, las elecciones del 25 de noviembre que las fuerzas políticas nacionalistas, y, sobre todo, la coalición que gobierna, CiU, quiere plantear como un plebiscito en las que los catalanes apoyen “el derecho a decidir”. No se ha concretado en qué consistirá y cómo lo harán. Del Parlamento catalán si resultó aprobado por CiU, ERC e ICV, la celebración de una consulta popular para que los catalanes digan lo que quieren ser.

Ese debate se ha trasladado al Congreso de los Diputados a través de ERC con corrección, sin demasiados aspavientos y sin ganas por parte de nadie de resultar extremista, al menos, en las formas. Sobre el fondo, no hay duda. Quienes apoyan esta iniciativa pretenden que el Gobierno central permita la autorización de esa consulta popular. ¿Qué de malo hay en permitir a los ciudadanos que se expresen?, se ha preguntado. “Los catalanes queremos votar”, ha reclamado para concluir: “La Historia nos dará la razón”. También reclama ese derecho Jordi Xuclá, de CiU, que adelantó los planes de su fuerza política cuando se inaugure la legislatura en Cataluña tras las elecciones de noviembre: plantear el derecho a decidir. Con mucha atención los grupos escucharon a Xuclá por ser del partido que gobierna en Cataluña. “Algunos discursos excluyentes han provocado la desafección de la inmensa mayoría de los catalanes”, señaló Xuclá en referencia al resto de España.

El debate es político, no jurídico”, remachó Joan Coscubiela de ICV, consciente de que la consulta popular que su grupo apoya “tiene dificultades de anclaje constitucional”. Un cambio constitucional fue requerido por Coscubiela para cambiar el concepto de soberanía nacional. No hubo sorpresa en la alineación de Aitor Esteban del PNV en estas tesis, así como de Jon Iñarritu de Amaiur.

Del lado de los que oponen a autorizar esa consulta se situaron los portavoces constitucionales del PP y del PSOE, Arturo García Tizón y Ramón Jáuregui, respectivamente. “Voy a votar en contra por respeto a los que votaron la Constitución”, adelantó el popular García Tizón que, con la Ley de Leyes como argumento central, recalcó que “no existe soberanía gallega, vasca, andaluza o catalana, sino soberanía del pueblo español”. Con buen tono llamó al encuentro de todas las posiciones en torno a la Constitución.

¿Miedo a votar?, se preguntó el socialista Ramón Jáuregui dirigiéndose a los nacionalistas. “¿Cómo vamos a tener miedo a votar quienes luchamos tantos años por poder votar?", se respondió. Pacto y democracia, pidió. “No se puede plantar una consulta entre dos posiciones extremas cuando un 65% de los catalanes tiene sentimientos de pertenencia compartida”, argumentó Jáuregui. El PSC ha votado con el PSOE porque considera que la de ERC es una "propuesta trampa". El PSOE ha tenido algún debate interno acerca de la posición sobre la iniciativa, pero más por la estrategia política del PSC que por la posición negativa en la votación de hoy. En concreto, en la reunión del lunes de los portavoces del Grupo Socialista se acordó el voto negativo, sin discusión alguna, pero los responsables del PSC temían la posición política en la que quedarán en la precampaña catalana. Los socialistas catalanes apoyaron la ley de consultas que se aprobó en el Parlamento de Cataluña y por eso han tenido algunas dudas sobre la postura a mantener en el debate.

En el bloque del no a la consulta popular se situó Rosa Díez de UPyD que construyó su discurso sobre la base de negar la posibilidad de que una parte decida por el todo; es decir, que Cataluña decida sobre algo que concierne a toda España. “Lo que ocurre en Cataluña me afecta porque forma parte de mi país”, concluyó Díez que alertó sobre la intención de alguna fuerza política de erigirse en exclusiva en representante e intérprete de toda una sociedad. “Un partido no es una nación; eso es totalitarismo y ya sabemos dónde nos lleva”, alertó.