La legislatura de los recortes

La legislatura de Artur Mas, la más corta de la historia en el Parlamento catalán, estará asociada irremediablemente a los recortes. Mas concurrió a las elecciones en 2010 con el lema Una Cataluña mejor y con la idea de que la comunidad despegara como un avión, pero no lo ha hecho. Con una economía nuevamente en recesión y unas arcas públicas asfixiadas que requieren de un rescate del Estado de 5.023 millones de euros, el Ejecutivo catalán ha gobernado a golpe de tijera, rebajando salarios de funcionarios y reduciendo el núcleo del Estado de bienestar en sanidad, educación y servicios sociales, cuyo gasto por habitante ha retrocedido a niveles de 2006.

El mandato culmina sin que Mas haya podido cumplir con dos de los horizontes que se fijó a comienzos de legislatura. El presidente de la Generalitat se propuso entonces reducir el paro a la mitad en cuatro años, pero la tasa de desempleo ha pasado del 17,98% al 21,95%. O, lo que es lo mismo: de 686.800 parados a 821.600. Y, segundo, quiso rebajar en el mismo periodo el fracaso escolar del 29% a la media de la Unión Europea, del 10%. Esa proporción es ahora del 26%.

El objetivo era bajar el paro a la mitad, pero hay 135.000 desempleados más

Mas apenas hizo promesas en campaña, más allá de declaraciones de intenciones o de la propuesta estrella del ya fracasado pacto fiscal. Pero hubo una proposición que ejecutó a rajatabla: erradicar el impuesto de sucesiones, que el tripartito ya había reducido para que solo tributaran las grandes fortunas y por el que la Generalitat ha dejado de recaudar 150 millones de euros en plenos recortes sociales. El principal borrón de su hoja de servicios es, precisamente, rebajar el gasto sanitario después de asegurar que lo mantendría intacto y que solo estudiaría mejorar su eficacia para evitar abusos. Se oponía en redondo al copago porque, decía, afectaría a los pensionistas. Pero, al final, Cataluña ha sido la pionera en aprobar el copago del euro por receta.

Asfixiada por la deuda, la Generalitat se ha visto obligada a pedir el rescate

La corrupción también ha estado presente en ese mandato. Convergència se ha visto salpicada en el saqueo del Palau de la Música tras haber recibido sumas de dinero a cambio, supuestamente, de adjudicar obras públicas en la época de Jordi Pujol. O en el caso de las ITV, que afecta al secretario general de CDC, Oriol Pujol, por colaborar con una trama empresarial para amañar concursos.

En la recta final de la legislatura, Mas sacó el as que se guardaba en la manga: contrarrestó la pérdida de Eurovegas en favor de Madrid con el difuso proyecto Barcelona World en Tarragona. Estos son los principales trazos de su mandato:

Rescate. Mas situó en la consejería más relevante, la de Economía, a Andreu Mas-Colell, uno de los académicos más reputados de España. Su misión era reducir el déficit, lo cual consiguió en 2011, aunque lejos de los objetivos acordados con el Gobierno central. A la vez, la deuda —degradada a bono basura por las agencias de calificación— ha crecido de 34.697 a 43.954 millones, mientras que los intereses por esos préstamos lo han hecho de 1.439 a 2.444 millones en dos años. La principal razón es la desconfianza de los mercados en la deuda autonómica, a la que han acabado cerrándose completamente. Eso ha abocado a la Generalitat a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica para poder atender los pagos de nóminas y proveedores y a sus deudas con hospitales y escuelas concertadas y entidades sociales, que en julio se quedaron sin cobrar.

Los pacientes en lista de espera se han incrementado el 43,1%

Funcionarios. Los planes de austeridad de Mas para este año se han cebado en los 230.000 empleados públicos de la Generalitat, a los que se ha aplicado una rebaja salarial del 5%, que asciende al 15% en el caso de los interinos. Esa reducción, que el Ejecutivo catalán prevé extender durante tres años, fue acompañada por un conjunto de medidas que buscaban un ahorro de 729 millones, que se centraron en el recorte de beneficios sociales y la supresión para siempre de algunas medidas pioneras de conciliación. Aun así, eso no ha librado a los empleados públicos de los despidos. La Generalitat tenía programada para este año una reducción de plantilla de 1.500 personas en sus empresas públicas mediante varios Expedientes de Regulación de Empleo que ya ha empezado a aplicar.

Sanidad. Mas puso al frente de esta área, en la que los recortes han sido más visibles, a Boi Ruiz, que hasta su nombramiento era el presidente de la patronal hospitalaria. Sus recortes, del 11% en dos años, han hecho aumentar el 43,1% el número de personas en lista de espera, que han pasado de 56.670 a 80.540. Se trata del peor dato desde que en 2003 se introdujo un plan de choque diseñado por el propio Mas para reducir las esperas. “Es el plan más ambicioso aplicado hasta ahora”, celebró entonces. La rebaja supuso el cierre de más de medio centenar de ambulatorios y servicios de urgencias y la paralización de todas las inversiones, entre las que se incluye la construcción de cinco nuevos hospitales.

Convergència se ha visto involucrada en dos casos de corrupción

Educación. El gasto en educación también ha pasado por las tijeras y, en dos años, se ha reducido en 627 millones, el 12%, aunque los recortes del último plan de ajuste elevarán esa merma de recursos. El departamento de Enseñanza decidió eliminar la sexta hora escolar —que servía de refuerzo—, aumentar las horas lectivas a los profesores y recortar a la mitad las subvenciones a las guarderías. También se dio un hachazo a las becas comedor, se frenó la digitalización de las aulas, la plantilla de profesores se redujo en unas 3.500 personas y se cerraron seis escuelas, informa Ivanna Vallespín. Los recortes también soliviantaron al sector universitario, que vio reducido su presupuesto en un 19% desde 2010. Protestaron desde profesores hasta alumnos. Los primeros sufrieron recortes de sueldo y reducciones de plantilla. Los segundos se toparon con un nuevo sistema de precios de las matrículas, que se encarecieron el 66,7% (hasta 950 euros más).

La gran crisis de la RMI. La primera crisis a la que se enfrentó el Ejecutivo catalán fue la de la renta mínima de inserción (RMI). En pleno mes de agosto, el Gobierno cambió la forma de pago de los 426 euros que perciben los hogares sin ningún ingreso para empezar una “revisión” de esa prestación, dejando a miles de familias sin cobrar. La Generalitat finalmente investigó 20.969 expedientes, de los cuales suspendió 7.127. Esa cifra no se corresponde, sin embargo, con la tasa de fraude que denunciaba el consejero Francesc Xavier Mena, puesto que a cientos de esos perceptores se les reconoció más tarde que tenían derecho a la ayuda a pesar de que a muchos aún no se les ha vuelto a ingresar.