El juez resalta que no investiga los negocios privados de Urdangarin

El juez del caso Nóos, José Castro, ha subrayado en un auto que no está instruyendo una causa "global o general" contra el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, imputado por presunta malversación de caudales públicos junto a su exsocio, Diego Torres. En respuesta a un escrito de la defensa del duque de Palma, el juez resalta que "buena prueba de ello" es que la investigación no se ha hecho extensiva "a las muy diversas y generosamente lucrativas relaciones comerciales que ha mantenido con empresas privadas".

El instituto Nóos es una entidad sin ánimo de lucro con la que Urdangarin y Torres lograron siete millones de los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2006 para organizar eventos. Una parte muy importante de ese dinero fue a parar a empresas privadas como Aizoon, la sociedad inmobiliaria que regentaban el duque y su esposa, la infanta Cristina. Como responsables de Nóos, también lograron suculentos acuerdos de patrocinio con empresas privadas para la organización de esos eventos. En algunos casos, cobraron de las empresas sin ofrecer los servicios. Como precisa el juez en su auto, sin embargo, esos negocios millonarios no forman parte de la investigación de la derivada del caso Palma Arena.

Castro también ha acordado retirar la condición de imputada a la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat valenciana, Isabel Villalonga, que fue citada a declarar como imputada el pasado mes de julio por el pago de 382.203 euros que la Generalitat hizo al Instituto Nóos en 2006 por diferentes facturas referidas a los Juegos Europeos, que jamás llegaron a celebrarse. Entre éstas figuraba una de 241.971 euros por subcontratar a la empresa de comunicación Lobby. Existen, sin embargo, "serias dudas" sobre la existencia de esos servicios, ya que los documentos al respecto "han desaparecido de los archivos de la Generalitat".

El juez dice que Villalonga no actuó de forma "maliciosa" en la pérdida de ese dossier sobre los pagos a Nóos. Y subraya que su "valiente" negativa a pagar a la entidad del duque de Palma "otras muchas facturas" en las que "advirtió serias irregularidades" fue "decisiva" para evitar un presunto cobro fraudulento. Esas facturas sumaban casi dos millones de euros.

El abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo porque, en su opinión, se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de su cliente. Según González Peeters, las decisiones del juez han dejado al exsocio de Urdangarin en situación de indefensión, por lo que considera que las actuaciones deben ser declaradas nulas.