Los exconsejeros defienden el fondo de los ERE ante los ataques del PP e IU

Defensa enrocada. Dos exconsejeros de Empleo andaluces defendieron ayer con uñas y dientes la legalidad del fondo para empresas en crisis que la Junta dotó con 647 millones entre 2001 y 2010. Tras tres días de evasivas, por fin tres comparecientes contestaron a las preguntas de los diputados de la comisión de investigación del Parlamento. Y los detalles de este escándalo empezaron a brotar al margen del juzgado que lo investiga.

El diálogo fue tenso y en ocasiones los comparecientes se vieron acorralados por las preguntas, pero en general fue un enfrentamiento agrio con dos posturas radicalmente opuestas: mientras que el PP e IU censuraban la escasa publicidad o falta de normativa del fondo, Antonio Fernández y José Antonio Viera defendieron que los agentes sociales lo conocían y cada año el Parlamento aprobaba los presupuestos de la partida 31L. El interrogatorio de los diputados del PSOE fue en general tibio y en ningún momento censuró el fondo.

Antonio Fernández, imputado en prisión preventiva hasta hace dos semanas cuando pagó una fianza de 450.000 euros y consejero entre 2004 y 2010, replicó a las severas críticas de los diputados: “La maldad no está en el procedimiento, sino en el ser humano y en el mal uso. Alguien o algunos abusaron de la voluntad del Gobierno andaluz. Mis manos están limpias y parecía que lo hacía yo todo en un cuarto oscuro”, ironizó. Fernández comenzó tildando de “coacciones” el someterse al interrogatorio, pero terminó contestando con detalles. Fernández se apoyó en que la Intervención General no emitió el informe de actuación que hubiera paralizado el fondo, sino que solo redactó los informes de información. Y aunque estos fueron muy críticos, la Junta mantuvo el sistema millonario de subvenciones.

Mientras, el diputado popular Rafael Carmona centró sus ataques en el corazón del fondo, el convenio que puso en marcha el sistema de ayudas en 2001, firmado por Fernández y el diputado Viera consejero de 2000 a 2004. “El convenio no tiene rango de ley. La Junta nos ha ratificado que no hay expediente de tramitación. No se publicó en ningún sitio ni pasó por los servicios jurídicos”. Carmona reiteró que los empresarios no podían saber cómo acceder a las ayudas sin tener familiares o conocidos en el Ejecutivo socialista o el PSOE.

El diputado censuró que la Junta no fijara una norma y que el convenio careciera de expediente administrativo. Las críticas se multiplicaron ante la concesión de ayudas directas a las empresas de la Sierra Norte de Sevillana, una pequeña comarca que recibió 51 de los 78 millones destinados para toda Andalucía.

La diputada de IU Alba Doblas acusó a los exconsejeros de diseñar el convenio para ocultar las actuaciones y eludir los controles de la Intervención, además de ignorar la negligente actuación de su subordinado Javier Guerrero, del que alegaron desconocer sus malas prácticas.

Viera defendió durante su interrogatorio la lluvia de millones que recibió la Sierra Norte, una comarca que visita desde 1965. “Hubo otras direcciones generales que repartieron fondos por otras zonas de Andalucía”, replicó a Doblas para justificar que acaparara el 70% del dinero. Asimismo alegó que no mantiene amistad con ninguno de los empresarios más beneficiados de la Sierra Norte (algunos con hasta 15 millones). Y añadió que desconocía que su hija Sonia trabajara para uno de estos empresarios que también fue concejal socialista. Para defender su actuación, culpó a Guerrero de los graves desmanes y comisiones abusivas que pagó la Junta. Horas antes, el exviceconsejero Justo Mañas insistió en la legalidad del fondo pese a las irregularidades.