Asuntos Internos no aprecia delito en los expolicías vinculados a Interligare

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha concluido que no hay base para actuar penalmente contra los dos ex altos mandos policiales que fueron consejeros de Interligare. Esta empresa es señalada por el PP y El Mundo como un “nido de espías” y el eje de una red corrupta montada por Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior. Según dicha investigación, los comisarios Miguel Ángel Fernández Rancaño y Gabriel Fuentes habrían incurrido como máximo en una “deslealtad profesional” hacia las empresas privadas para las que trabajaban a la vez que para Interligare. Pero, según los dos citados, sus respectivas empresas estaban informadas y les dieron las autorizaciones pertinentes.

Rancaño, responsable de seguridad de La Caixa, y Fuentes, que desarrolla su labor en una consultoría de seguridad, solo fueron consejeros de Interligare durante 2009, ya que al final de dicho año presentaron su renuncia. Para entonces, dicha firma ya trabajaba en proyectos para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (el primer contrato data de 2006, por 240.000 euros) o Instituciones Penitenciarias (2007). O lo que es lo mismo: antes de la llegada a Interior de Luis Luengo, responsable de Infraestructuras con Rubalcaba, y antes también de que Rancaño y Fuentes trabajaran para Interligare. Luengo ha negado que firmara contratos entre Interligare y el CNCA.

Los dos comisarios, que nunca han trabajado a las órdenes de Rubalcaba en el Ministerio del Interior, no ejercían tareas ejecutivas en Interligare, ni se encargaban de los pagos ni del día a día, sino que pertenecían al Consejo de Administración. Tampoco estaban entonces en la policía. Por ello, la unidad de Asuntos Internos, que dirige el comisario Marcelino Martín Blas Aranda, tras investigar a Rancaño y Fuentes, concluye que, como máximo, se les podría imputar un delito de deslealtad profesional hacia sus respectivas empresas, previsto en el artículo 465 del Código Penal, según fuentes policiales. Ese artículo está especialmente dedicado a abogados y procuradores en su ejercicio como tales, lo que no es el caso.

Asuntos Internos no ha visto nada que se parezca a un caso de espionaje ilegal al PP que el comisario de la Brigada de Delincuencia Económica que ha investigado el caso sugirió en un informe que supuestamente está aportado al juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez (Madrid). Este informe sostiene que Interligare pudo espiar desde sus oficinas de la calle de Génova, cercana sede del PP, lo que sirve de base a este partido para acusar a Rubalcaba de haber montado un “nido de espías”.

El director general de la Policía, el popular Ignacio Cosidó, tampoco ha instado a la apertura de una investigación sobre tal espionaje, pese a que tiene desde el 9 de enero pasado tiene el informe dirigido por el comisario Jaime Barrado que sugiere el posible espionaje con datos “sin confirmar ni corroborar”. Tampoco en las diligencias remitidas al juzgado de Aranjuez por los investigadores del caso Interligare hay referencias al espionaje. Solamente se habla de fraude a la Seguridad Social, estafa, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.