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MÁS AJUSTES EN AUTONOMÍAS

El techo de deuda impuesto por Rajoy condena a Andalucía a más recortes

Griñán sostiene que el nuevo objetivo aboca a cerrar colegios y hospitales

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, flanqueado por la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo (a la izquierda) y la titular de Presidencia, Susana Díaz. FOTO: PÉREZ CABO / VÍDEO: ATLAS

Si no hay rectificación, la decisión acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado martes de limitar el endeudamiento de las comunidades, y que afecta particularmente a Andalucía, una de las menos endeudadas, supondrá una nueva ola de recortes. La comunidad andaluza se siente la más perjudicada por la decisión del Gobierno central de limitar el crecimiento de su techo de deuda y alerta de que puede significar “el cierre de 19 hospitales o de 2.000 colegios o el despido de uno de cada cuatro empleados públicos, hasta 60.000”.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ilustró ayer con estas cifras a título de ejemplo los efectos que puede tener el hecho de que el Gobierno central les impida elevar su tasa de endeudamiento hasta el 15,1% —a primeros de 2012 estaba en el 9,8%, una de las más bajas de toda España— y lo limite al 13,2%, lo que significa perder 2.735 millones de financiación.

El socialista resaltó la gravedad del problema y lo que supondría para Andalucía elaborar los Presupuestos de la comunidad de 2013 con el nuevo techo de endeudamiento. “Es imposible”, dijo en varias ocasiones, al tiempo que sostuvo que “pone en riesgo los servicios públicos fundamentales”.

La decisión tomada en el CPFF, con el plante de Andalucía y Cataluña, y el voto en contra de Canarias y Asturias, supone una seria limitación a la capacidad de endeudamiento de determinadas comunidades, las que menos debían a los bancos. El acuerdo, que es de obligado cumplimiento, supone para Andalucía acotar la deuda máxima hasta el 13,2% de su PIB para 2013, lo que implica una rebaja de 1,9 puntos del límite previsto en su plan económico financiero, en el 15,1%, y que Hacienda aprobó el pasado 17 de mayo junto al del resto de comunidades. Y ahí es donde radica el desencuentro. El Gobierno considera que esos planes de ajuste se aprobaron para garantizar la meta de déficit de 2012 y considera que la deuda y el déficit que se reflejan en ellos para 2013 no son vinculantes. Fuentes de Hacienda recuerdan que la Ley de Estabilidad, que entró en vigor en mayo, es la que determina la obligación de fijar el techo de deuda.

Por eso el CPFF del martes aprobó un nuevo techo de endeudamiento. Para ello, Hacienda toma como partida la deuda registrada en el Banco de España al final de 2011 y suma la cantidad que resulta de financiar el déficit de este año (el 1,5% del PIB) y el del próximo (0,7%) más unos ajustes por la liquidación del sistema de financiación de 2008 y 2009. El método para fijar el tope de deuda es igual para todas las regiones pero también trata igual a las que tienen sus cuentas más saneadas que a las más manirrotas, con más deuda. Ese es uno de los argumentos de Andalucía cuyo nivel de deuda sobre PIB es del 9,8% cuando la media está en el 13,5%.

De esta forma, Andalucía no podría contar con 2.735 millones que pretende captar con deuda. Griñán se quejó de que esta decisión fue adoptada “sin previo aviso”, media hora antes del consejo. Tampoco el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le anticipó nada en la reunión que ambos mantuvieron este lunes en La Moncloa y que se suponía iba a abrir una nueva etapa de diálogo. Según Griñán, Rajoy quedó en estudiar la propuesta de Andalucía de hacer un reparto del déficit (el 0,7% en 2013) más equilibrado entre el Estado y las comunidades. Pero la respuesta se produjo en el CPFF: “Ha sido un ministro andaluz [Cristóbal Montoro] el que ha infligido a Andalucía un objetivo inasumible”, subrayó. Griñán habló por teléfono con Rajoy ayer para reabrir el diálogo.

Griñán se quejó de trato discriminatorio, de ataque “frontal y gravísimo” y acusó al Gobierno central de aplicar un rasero distinto a Andalucía. “Discriminan a Andalucía y a todas las comunidades que en el pasado redujimos nuestra deuda mientras que benefician a las que hicieron justamente lo contrario”.

Andalucía quiere que el Gobierno dé explicaciones de por qué se le rebaja su límite de deuda mientras que se aumenta, respecto a lo que estas comunidades presentaron en mayo, la de Cataluña en casi 4.298 millones; Valencia, 612 millones más y Castilla-La Mancha, 944.

Hacienda niega que haya un trato perjudicial hacia Andalucía. Fuentes del ministerio consideran que es falso el panorama descrito por Griñan sobre el cierre de hospitales y servicios públicos. Recuerdan que Andalucía se benefició de un préstamo de 2.700 millones del plan de pago a proveedores por lo que no debería tener deudas comerciales pendientes. Solo las del año actual. Si es así, implica que se están desviando del déficit, un tabú para el Gobierno.

No obstante, Griñán volvió a reiterar su compromiso con el objetivo de déficit. “No es una contienda entre la Administración central y las comunidades autónomas. Eso es una cortina humo: es un ataque a la educación y a la sanidad públicas”.

En paralelo a las consideraciones de “deslealtad” que presidentes autonómicos del PP han proferido sobre las comunidades díscolas, la dirección federal del PSOE les expresa todo su apoyo. “Nuestra lealtad es con los españoles”, proclama Rubalcaba. Desde Ferraz, sede federal de ese partido, no ha salido la mano que mece la cuna de la disidencia, dada la autonomía de los gobiernos socialistas en relación al partido, pero el apoyo es absoluto. Es más, en las próximas horas se registrará en el Congreso la petición urgente de comparecencia del ministro de Hacienda para que explique “el cambio de criterio sobre el endeudamiento y, singularmente, el cambio de cifras del techo de deuda que se traduce en menos maestros, cierre de hospitales, más paro y más sufrimiento”. Además, el cambio afecta más a comunidades gobernadas por el PSOE lo que le hace pensar que hay afán de “castigo”. “Montoro se comporta como político de un partido pero no como ministro de todos los españoles”, se queja Rubalcaba tras escuchar a los consejeros socialistas.

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