Rajoy hace de Ceuta y Melilla el eje de su política de defensa

Ni una cita al 11-S, el 11-M, Al-Qaeda o Afganistán. Nada de diplomacia, control de armamento o desarme. Ninguna mención a la “seguridad compartida” o la “defensa colectiva”. Algunas alusiones a la OTAN, pocas a la UE y solo una a la ONU; cuando dice que la política de defensa española “debe atender a la legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”. Atender, que significa tener en cuenta, no subordinarse a ella.

La palabra más repetida en la Directiva de Defensa Nacional 1/2012, la primera que firma Mariano Rajoy desde su llegada a La Moncloa, es disuasión. “La disuasión es el resultado de disponer de unas capacidades y de la disposición de utilizarlas si acaso llegara a ser necesario. La mayor garantía de paz y seguridad no es otra que la credibilidad”, afirma el documento. Tan viejo como si vis pacem para bellum.

¿Disuasión frente a quién? No ante el terrorismo suicida. “La disuasión ante las que tradicionalmente se han denominado amenazas no compartidas”, afirma el texto. Es decir, Ceuta y Melilla, las únicas ciudades españolas que no están cubiertas por el artículo quinto (defensa mutua) del Tratado de Washington.

En solo nueve folios, la directiva alude tres veces más, sin mencionarlo, al contencioso con Marruecos. Dice que España debe manifestar “con claridad la voluntad de prevalecer sobre las amenazas no compartidas”; que, pese a los recortes presupuestarios, “debe contar con las capacidades para garantizar la disuasión, y ello tomando en consideración la singularidad de los riesgos propios”; y que, en todo caso, es preciso mantener “un nivel nacional de disuasión creíble y suficiente con objeto de evitar que los escenarios de riesgo en nuestro entorno geográfico se materialicen en amenazas”. ¿Obsesión por Perejil?

Varios expertos militares interpretan que, en una etapa de fuerte reducción de los gastos militares, España debe replegarse de las misiones en el exterior y centrarse en la defensa de aquello que nadie le ayudará a proteger. Esa parece la opción.

El texto rezuma desconfianza, no solo en la primavera árabe (habla del “incremento de la inestabilidad en nuestro entorno cercano”), sino en los aliados (alude a la “disminución del paraguas colectivo” de la OTAN). Admite que la crisis “actúa como una amenaza a la seguridad”, pero solo le preocupa el “impacto negativo [de la situación económica] en las capacidades defensivas”.

Aboga por una “España fuerte” desde el punto de vista militar e incluso amplía las misiones de la política de defensa; a la que atribuye, por vez primera, el objetivo de garantizar la seguridad de las empresas españolas, al mismo nivel que la defensa de los valores constitucionales o los ciudadanos.

Sin embargo, al abordar el nudo gordiano —de dónde saldrán los recursos para financiar la disuasión militar— lo resuelve con una frase que a nada compromete: se promoverá “la concordancia de los recursos financieros a disposición de la defensa con los requerimientos del escenario estratégico y las consiguientes necesidades de las Fuerzas Armadas”.