Disputa diplomática por un atún de 208 kilos

Un atún rojo de 208 kilos de peso ha sido el objeto de la última discordia diplomática a propósito de Gibraltar. El Ministerio español de Asuntos Exteriores convocó este miércoles al encargado de negocios de la Embajada británica, Daniel Pruce, para entregarle una nota verbal —es decir, escrita— en la que rechazaba los términos de la queja presentada el día anterior por el representante diplomático del Reino Unido en Madrid. El agrio intercambio epistolar giraba en torno al incidente protagonizado el pasado viernes por una patrullera de la Guardia Civil y un yate de recreo del Peñón.

En el ambiente previamente caldeado por el contencioso entre los pescadores de la bahía de Algeciras y las autoridades gibraltareñas, la conducción de dos ciudadanos británicos a un cuartel de la benemérita provocó reacciones incendiarias. El ministro principal de la Roca, Fabian Picardo, habló de “incursisón ilegal” de la Guardia Civil y el secretario de Estado británico para Europa, David Lidington, la calificó de “vergonzosa, intolerable e ilegal”.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, salió este miércoles al paso de estas críticas subrayando que la actuación de la Guardia Civil fue en todo momento “correcta y legal” y que la versión británica no se ajustaba a la verdad. Por si hiciera falta, recordó también que España no reconoce la jurisdicción británica sobre las aguas que rodean el Peñón.

¿Qué sucedió en realidad? Según el resumen del atestado de la Guardia Civil, que Exteriores ha hecho llegar a la Embajada británica, el yate gibraltareño fue sorprendido a ocho millas mar adentro, en aguas indiscutidamente españolas, realizando una actividad ilegal: la pesca del atún rojo, una especie en peligro de extinción cuya captura sin licencia está rigurosamente castigada. La embarcación se dio a la fuga y la patrullera de la Guardia Civil consiguió alcanzarla a media milla de la colonia, en aguas cuya soberanía se disputan España y Reino Unido. Desde allí fue conducida al puerto de Algeciras, donde se levantó el atestado, sin que en ningún momento llegasen a estar detenidos los dos tripulantes del yate.

La paradoja del incidente radica en que los protagonistas parecen haberse intercambiado sus papeles habituales. Los pescadores son ahora gibraltareños; y sus perseguidores, españoles. Con una diferencia: las artes que usan los pesqueros españoles solo son ilegales en Gibraltar, mientras que la veda del atún rojo es común a toda la UE.

Aunque las declaraciones altisonantes de estos días no crean el ambiente más propicio, Madrid y Londres aun confían en que las cofradías de pescadores de La Línea y Algeciras y el Gobierno gibraltareño logren llegar a un acuerdo antes del 31 de julio. La indefinición actual es el caldo de cultivo para que pueda producirse un incidente al menor pretexto. Y un atún de 208 kilos no es el más pequeño.