El Gobierno temió una trampa de última hora de los secuestradores

La liberación de Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández, los dos cooperantes secuestrados durante nueve meses por una escisión de la rama magrebí de Al Qaeda, estuvo rodeada de incertidumbre hasta última hora. El mismo miércoles, el Gobierno temió que los secuestradores le hubieran hecho una jugada de última hora y hubieran liberado solo a las mujeres —la española Fernández y la italiana Rosella Urru— mientras retenían al único varón. La falta de comunicación directa con Gonyalons, el hecho de que este permaneciera separado de las dos mujeres durante el secuestro y los precedentes —los islamistas suelen desprenderse antes de los rehenes de sexo femenino porque les resulta más incómodo el trato con ellos— alimentaban este temor. Los últimos momentos de la liberación estuvieron, además, rodeados de confusión e incertidumbre, ya que una tormenta de arena impidió a los helicópteros que trasladaban a liberados y mediadores aterrizar en la base militar de Goromgorom, unos 300 kilómetros al norte de Uagadugú, la capital de Burkina Faso, donde les esperaba un equipo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con personal médico y psicólogos para realizar un primer reconocimiento de su estado de salud.

Una vez en casa, la cuestión que queda abierta es cuál fue el precio pagado a cambio de la liberación. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quiso zanjar ayer cualquier amago de polémica asegurando que el Gobierno ha hecho “en cada momento lo que tenía que hacer” y ha actuado “con absoluto respeto a la legalidad nacional o internacional”. El ministro alegó que sería una “enorme imprudencia” ofrecer más detalles, ya que ello podría poner en riesgo a las dos cooperantes españolas que siguen secuestradas en Somalia.

En realidad, no hace falta que el Gobierno español ofrezca detalles. El principal mediador, el general Gilbert Diendiere, asesor del presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, aseguró que la liberación de los tres secuestrados había sido el resultado de un intercambio. “Ha sido sido una liberación a cambio de otra liberación”, admitió.

Serían tres los islamistas excarcelados a cambio de los rehenes. Uno de ellos, el saharaui Mamine Ould Oufkir, salió el miércoles de la cárcel de Nuakchot (Mauritania) y fue trasladado por un avión militar español a Uagadugú, donde fue entregado a los mediadores, quienes lo llevaron al norte de Malí. La agencia mauritana ANI informó de la liberación de otros dos presos islamistas: Omar Sahroui, en marzo pasado, a cambio de los dos españoles; y Abdehrramane Ould Imedou, por la entrega de un gendarme mauritano. Además, se habrían pagado entre dos y tres millones de euros.

Un portavoz del Movimiento de Unicidad de la Yihad en África Occidental (MUYAO), que mantuvo en su poder a los cooperantes, aseguró que “todas las condiciones fueron satisfechas”.

No parece, sin embargo, que el hecho de que se haya accedido a demandas de los secuestradores vaya a causar polémica. Al menos, en España.

El PSOE confirmó ayer que no presentará ninguna iniciativa parlamentaria al respecto. “Sentimos una enorme satisfacción y nos unimos a la alegría de las familias”, declaró Trinidad Jiménez, que era ministra de Asuntos Exteriores cuando se produjeron los secuestros. “Durante unos meses me tocó gestionarlo y sé lo duro y difícil que ha sido. Hemos apoyado incondicionalmente al Gobierno y lo seguiremos haciendo hasta que consiga la liberación de las dos cooperantes secuestradas en Somalia. Lo importante es que vuelvan a casa sanas y salvas”.

Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, descartó también cualquier iniciativa para aclarar las condiciones de la liberación. “Lo importante era resolver el secuestro y estamos muy satisfechos de su liberación. Nunca vamos a utilizar este asunto de manera partidista y esperamos que otros tomen nota de cara al futuro”, declaró.

Esta prudencia contrasta con la actitud que mantuvo el PP cuando el Gobierno del PSOE se enfrentó a casos similares. En noviembre de 2009, tras la liberación del pesquero Alakrana, la entonces portavoz popular y hoy vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cargó duramente contra el Gobierno. “Las leyes prohíben pagar rescates, ya que se alienta que haya más secuestros”, afirmó. “La legalidad de la gestión de un secuestro y pagar un rescate son conceptos irreconciliables”. Se da la circunstancia de que Sáenz de Santamaría ha sido ahora la responsable política de gestionar la liberación de los rehenes.