el ajuste más duro de la democracia

Las centrales crearán una plataforma sindical de todos los funcionarios

La CSI-F convoca huelga general para septiembre contra los recortes del Ejecutivo

Concentración de funcionarios frente a la sede del Ministerio de Economía.
Concentración de funcionarios frente a la sede del Ministerio de Economía.Emilio Naranjo (EFE)

De las concentraciones espontáneas a las protestas organizadas y unitarias y de ahí a la huelga general para septiembre. Este es el camino que quieren recorrer las centrales sindicales de la función pública en pie de guerra contra el Gobierno central y los autonómicos desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara el miércoles en el Congreso medidas que les afectan en el salario y en sus condiciones laborales. Hasta ahora CC OO y UGT han ido juntas, en tanto que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI-F ha ido por su cuenta y casi siempre alejada de las dos centrales anteriores. La situación ahora es de máxima gravedad, según la viven los funcionarios, y creen que ha llegado la hora de la unidad.

Todos tienen su cuota que aportar y aunque la CSI-F se va a adelantar en el anuncio de una huelga general para septiembre, no hay duda de que el resto de las centrales sindicales estarán en la misma posición. "Se trata de crear una plataforma sindical que englobe a todas las organizaciones de empleados públicos para aunar fuerzas". Esta es la pretensión de los responsables sindicales según indicaron a EL PAÍS en UGT, CC OO y la CSI-F. Pero son muchos más los sindicatos que representan a los funcionarios: dispersos por comunidades autónomas y por sectores profesionales.

Hasta entonces, hasta septiembre, los funcionarios no quieren estarse quietos como se verá la próxima semana en la que ya tienen previstas algunas acciones de protesta. Además, tendrán el acompañamiento del Parlamento en cada oportunidad que tengan los diputados y senadores de los grupos de la izquierda. El próximo miércoles aprovecharán la sesión de control al Gobierno para insistir en la protesta una vez que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha confirmado los recortes tras la reunión del Consejo de Ministros: supresión de la paga de Navidad y extinción de algunos de los días por asuntos propios.

"¿Qué pretende el Gobierno con las nuevas medidas de ajuste a los empleados públicos?" Esta es la pregunta que la diputada socialista y portavoz de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, preguntará el miércoles al ministro Montoro.

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En el terreno de las demandas no sólo los sindicatos de funcionarios defenderán a los que tienen una plaza por oposición sino también a los empleados públicos que accedieron a un puesto de trabajo por alguna prueba de capacidad y mérito. Estos podrán ser despedidos al aplicárseles la reforma laboral si las administraciones para las que trabajan invocan “insuficiencia presupuestaria”. Por eso en los lemas y pancartas que exhiben los funcionarios figura siempre el grito “contra la reforma laboral”, además de “contra los recortes” y “por los derechos de los empleados públicos”.

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Los funcionarios públicos no encuentran alivio porque los recortes también alcancen a los miembros del Gobierno, a los parlamentarios, y a las pensiones de los expresidentes de Gobierno. En la mayoría de las concentraciones que se han celebrado hoy sin incidentes se resaltaba que los más afectados son los que tienen sueldos más bajos; nunca superiores a 1.200 euros al mes.

Sobre la firma

Anabel Díez

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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