El PSOE presenta su recurso ante el Constitucional contra la amnistía fiscal

La amnistía fiscal quiebra los principios de igualdad y progresividad. Con argumentos como este, el PSOE ha presentado hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el Gobierno para regularizar los activos ocultos y hacer aflorar la economía sumergida.

Los encargados de presentar el recurso en el alto tribunal han sido la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el secretario general del grupo, Eduardo Madina, que, además, han solicitado en la Audiencia Nacional la paralización de la orden ministerial que amplió la regularización al dinero en efectivo.

También esta mañana, el portavoz socialista de la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, ha explicado por qué su partido ha recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional. Gómez también ha criticado en declaraciones a la cadena SER que el Gobierno haya utilizado el mecanismo del decreto ley para sacar adelante esta medida y ha dudado de que vayan a recaudarse 2.500 millones, tal y como prevé el Ejecutivo: “No hay ninguna base real, ningún estudio, que diga que esa estimación sea razonable”. “Se trata de un nuevo impuesto, un gravamen especial que trata de peor manera a los que pagan impuestos que a los que no los pagan”, ha añadido. Los encargados de presentar el recurso esta mañana han sido la portavoz del partido en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina. 

Para el exministro de Trabajo, esta amnistía fiscal es diferente de otras que se aplicaron hace años en España, porque aquellas “en ningún momento afectaron a la cuota tributaria. Se han perdonado intereses moratorios, no se ha sancionado, pero nunca se ha establecido una cuota tributaria distinta para unas personas respecto de otras. Y eso es lo que hace este gravamen especial”, ha asegurado. “La amnistía fiscal de 1983 establecía una retención liberatoria del 44% para todos los contribuyentes que decidieran regularizar su situación. Suponía la posibilidad de regularización, pero pagando más”, ha señalado.

Gómez también ha indicado que con este tipo de medidas se perjudica a los servicios de inspección fiscal, que “ya se han hecho oír diciendo que esta medida es éticamente impresentable y contraria a la Constitución”. El diputado socialista ha dicho que los servicios de inspección fiscal son buenos, pero ha reconocido que “seguramente están mal dotados” y que el nivel de fraude fiscal en España es “alto”. “Pero cada año emergen unos 10.000 millones de euros, que es un tercio de lo que pagamos anualmente en proteger a nuestros desempleados”, ha apuntado.

Preguntado por cuál sería la mejor forma de combatir el fraude fiscal, Gómez ha sido contundente: “La progresiva eliminación de los paraísos fiscales. Son la principal fuente de fraude y de evasión fiscal”.