Hacienda y la policía acreditan ante dos jueces la financiación ilegal del PP

El círculo no está todavía cerrado. Pero el Ministerio de Hacienda y la policía están encajando las piezas del complicado puzle de la supuesta financiación ilegal del PP, aquella que, según los indicios, sirvió entre 2007 y 2008 para pagar actos electorales del ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la entonces y aún presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del que fuera presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

El análisis de la contabilidad de las sociedades de la trama y la del propio PP está estrechando el círculo de la investigación ordenada por los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres, que instruyen la causa Gürtel.

Hacienda y la policía han enviado en las últimas semanas a los jueces informes que apuntalan este desvío irregular de fondos al PP. Y se basa en dos ámbitos. Por un lado, la propia red corrupta que dirigía Francisco Correa, gran beneficiaria (directa o indirectamente) de adjudicaciones no siempre regulares y que compensó con dinero o regalos a sus aliados políticos. Por otra parte, la misma trama aprovechó a otros beneficiarios de concesiones y contratos de la Administración pública para cobrarles las deudas que el propio PP adquirió con la red Gürtel por prestación de servicios y organización de eventos.

Lo que aún no se ha definido es si fue la propia trama la que exigió a los empresarios que saldaran las deudas del PP o fue el partido el que señaló que eran estos a quienes se debían cobrar esos pagos. O es que los límites entre unos y otros se disipaban ya que, tal como aseguró el exconcejal que denunció el caso, “Correa era el séptimo hombre con más poder en el Partido Popular”.

Una de esas empresas que supuestamente financió al PP aparece, además, como cobradora de facturas por un importe de 600.000 euros a un Ayuntamiento popular, no solo sin mediar contrato ni adjudicación sino que los servicios que dice haber prestado no se han certificado. De los informes que hasta ahora se han aportado a la causa, la investigación sostiene que en el año 2007, el PP de la Comunidad Valenciana ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, además, hay “terceras personas” que habrían pagado, a través de la empresa Orange Market (filial de Gürtel en Valencia), actos electorales de esta formación.

Los documentos indican también que el importe de los servicios prestados por la trama a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1,7 millones de euros. Sin embargo, la firma Orange Market solo cobró a la formación 612.322 euros, es decir, un poco más de la tercera parte.

En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”. Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados que acabaron financiando campañas electorales. La detección de este desvío de dinero cayó en saco roto ya que el posible delito había prescrito pero, ante las evidencias, el juez ordenó la revisión de las cuentas en 2007 y 2008, años en los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito.

Han pasado tres años desde que se inició la investigación de los manejos de la más extendida trama de corrupción, la red Gürtel. Respecto al PP valenciano, la policía, hasta ahora, había presentado informes que indican que una de las sociedades a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.

La investigación atribuye a otro de los empresarios imputados, Enrique Ortiz, el pago de 300.000 euros. Los últimos informes señalan que los pagos del resto de empresas acusadas de financiar ilegalmente al partido de los populares valencianos son Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.

A todas ellas hay que unir la sociedad Piaf, ahora en concurso de acreedores, que podría haber abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular. Sin embargo, a esta firma se le atribuye otra operación irregular de mayor calado ya que facturó al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros por trabajos que según los departamentos y funcionarios responsables de dichos departamentos para los que se trabajó, no se realizaron. Esta empresa, además, fue concesionaria del Ayuntamiento de Castellón, al que facturó, durante siete años, 19 millones de euros por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.

Entre los primeros informes remitidos a los jueces, figuraba uno de los elaborados por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que indica que estas sociedades lograron cerca de 800 millones de euros en contratos solo del Gobierno valenciano que presidía el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.