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España denuncia ante la Unión Europea el nuevo régimen fiscal de Gibraltar

El Gobierno alega ante la Dirección General de la Competencia de la CE que la normativa del Peñón vulnera los tratados y favorece el 'dumping fiscal'

España denuncia ante la Unión Europea el nuevo régimen fiscal de Gibraltar

Por más que España y Reino Unido se esfuercen por encapsularlo, el contencioso de Gibraltar sigue enturbiando las relaciones bilaterales y salpicando incluso a las dos casas reales.

A la disputa por la soberanía de las aguas que rodean el Peñón se ha sumado ahora un nuevo litigio. El Gobierno español ha recurrido ante la Comisión Europea (CE) el nuevo régimen fiscal de la colonia (el denominado Income Gibraltar Act 2010), por considerar que es incompatible con la legislación comunitaria. La denuncia se ha presentado en vísperas de la visita de tres días que los condes de Wessex, el príncipe Eduardo y su esposa, iniciarán hoy a la colonia, con motivo del 60º aniversario de la coronación de Isabel II.

La demanda española se presentó el pasado 1 de junio ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, que depende del comisario español Joaquín Almunia. Sin embargo, el departamento de Asuntos Exteriores no ha querido hacerla pública para no dificultar las negociaciones que mantienen los pescadores de la bahía de Cádiz y las autoridades del Peñón para volver a faenar en sus aguas circundantes, recuperando un acuerdo de 1999 que el nuevo ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, anuló unilateralmente en marzo.

Gibraltar aplica el 10% de impuesto de sociedades, frente al 30% de España

En su demanda ante la Comisión Europea, España alega que el régimen fiscal gibraltareño encubre un sistema de ayudas de Estado incompatible con los tratados europeos. En concreto, el nuevo régimen fiscal reduce del 22% al 10% el impuesto de sociedades —frente al 30% como media imperante en España— y se aplica solo sobre los ingresos generados o procedentes de Gibraltar, lo que beneficia a las empresas que registran su domicilio fiscal en la colonia pero desarrollan su actividad en España.

Aunque hace años que las autoridades gibraltareñas proclaman que el Peñón ha dejado de ser un paraíso fiscal, hay pocas dudas de que el nuevo régimen impositivo busca fomentar la deslocalización de empresas con el anzuelo de las ventajas fiscales. Es decir, del dumping fiscal.

En la presentación oficial del Income Tax Acty 2010 (ley de impuestos sobre ingresos) se dice sin ambages que, "combinada con la ausencia de impuestos sobre los beneficios del capital y de cualquier tipo de tasa sobre el patrimonio o las propiedades inmobiliarias, la abolición de impuestos sobre prácticamente todas las inversiones es un poderoso atractivo para aquellos ciudadanos o compañías que deseen relocalizarse desde jurisdicciones con mayor presión impositiva"·. Más claro, agua.

El nuevo régimen fiscal gibraltareño entró en vigor el 1 de enero de 2011, pero el Gobierno español no lo ha denunciado hasta ahora; entre otras razones, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores quería esperar a que los tribunales europeos sentasen jurisprudencia sobre el régimen fiscal gibraltareño de 2002. España ya denunció en su día este régimen, que nunca llegó a entrar plenamente en vigor, ante la Comisión Europea, que le dio la razón, al considerar que el sistema previsto por el Peñón era selectivo desde el punto de vista regional, ya que imponía un tipo de impuesto de sociedades inferior al previsto en Reino Unido (que actualmente tiene un tipo medio del 24%); y material, pues favorecía a las compañías sin actividad real en la colonia. El Tribunal de Primera Instancia de la UE falló en 2008 a favor de Gibraltar, al reconocerle la capacidad para tener fiscalidad propia, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE revocó la anterior en noviembre de 2011.

Fuentes diplomáticas subrayan que la jurisprudencia sentada por el alto tribunal favorece a España, pero reconocen que, a juzgar por el precedente anterior, la sentencia definitiva podría demorarse hasta una década y llegar demasiado tarde.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció el pasado 29 de mayo en Londres, a su colega británico, William Hague, su propósito de recurrir el régimen fiscal gibraltareño y le hizo notar que esta decisión no tenía ninguna relación con la disputa sobre la soberanía de las aguas.

Hague le dijo, de su lado, que en las próximas semanas aviones de combate y buques de guerra británicos tenían previsto desplegarse en el Peñón y que esta exhibición militar tampoco tenía nada que ver con la disputa entre los pescadores españoles y las autoridades gibraltareñas.

Lo que sí tiene que ver con la actual escalada de tensión es la decisión de la Casa del Rey de anular, a instancias del Gobierno, el viaje que la reina Sofía iba a efectuar a Londres, el pasado 18 de mayo, para asistir como invitada al almuerzo que Isabel II ofreció en el Palacio de Buckingham para conmemorar el aniversario de su entronización.

El ministro García-Margallo reiteró el pasado viernes que la visita que hoy inicia a Gibraltar el hijo menor de la reina de Inglaterra es "profundamente desafortunada en el tiempo y en la forma". El mismo viernes se celebró la primera reunión entre técnicos del Gobierno gibraltareño y representantes de las cofradías de Pesca de La Línea y Algeciras para llegar a un acuerdo que permita a casi 70 buques artesanales volver a faenar en aguas próximas al Peñón.

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