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El Poder Judicial veta las tasas de Gallardón por vulnerar “la tutela efectiva”

La portavoz del consejo General del Poder Judicial explica que se han opuesto a la reforma de Gallardón

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, en una comaprecencia.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, en una comaprecencia. EFE

El pleno del Consejo General del Poder Judicial votó ayer a favor del informe en contra de las tasas judiciales para la segunda instancia, que es preceptivo para aprobar el anteproyecto de tasas judiciales planteado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha cuestionado hoy en una entrevista en Radio Nacional de España que se establezcan "elementos que entorpezcan o supongan un obstáculo para que el ciudadano pueda acceder a la tutela judicial efectiva". Y ha puesto como ejemplo de ello que un litigio de una cuantía de 3.000 euros podría alcanzar la tasa 800 euros.

Es la tesis que defendía el informe, elaborado por la vocal Margarita Robles y extremadamente crítico con el anteproyecto. En él se reconoce la legitimidad del Ejecutivo para llevar a cabo la reforma de las tasas, pero se sugieren algunas dudas sobre su constitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha advertido en alguna ocasión que la cuantía de las tasas “no debe impedir u obstaculizar de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicción”.

Por otra parte, la portavoz del Consejo ha defendido que se mantenga el sistema de elección de los vocales a través del Congreso y no por los jueces. "[Eso] nos da una legitimidad democrática", ha asegurado. "No somos un órgano de representación de los jueces, sino de gobierno".

Bravo ha señalado también que la falta de consenso en el Congreso para renovar las instituciones implica un "desgaste" para estas, y ha asegurado que precisamente eso provoca la percepción de la ciudadanía de que sus miembros están politizados.

Por último, la portavoz del Poder Judicial ha admitido que este es consciente de que "el plan de rediseñar el nuevo mapa judicial, básico para la reforma de la justicia, ha suscitado polémica". Bravo ha defendido que el sistema de partidos judiciales vigente está basado en una sociedad agrícola. "Nos planteamos reagrupar los partidos para modernizarlos y el titular es que desaparecen". Lo que buscan los jueces, ha dicho, es una reorganización para optimizar el servicio y los recursos.