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COLUMNA

La ruptura del pacto social

Si los responsables políticos no exigen justicia por el 'caso Bankia', tendrán que exigirla los ciudadanos

La negativa del Gobierno del PP a investigar el caso Bankia y a pedir responsabilidades a sus dirigentes es una ruptura en toda regla del pacto social. Una sociedad democrática es un espacio de responsabilidades compartidas. Está regulada por unas leyes y por unos principios que, en parte, se plasman en los textos constitucionales. Pero se funda sobre un pacto no escrito en torno a los límites que garantizan la mínima cohesión necesaria para poder hablar de una comunidad. Las democracias en las sociedades capitalistas se basan en la aceptación de la desigualdad económica con el contrapeso de la igualdad política y de derechos. Es un equilibrio precario que requiere ciertas dosis de equidad, si se quiere evitar una fractura que solo puede conducir al conflicto o a la indiferencia.

Con la decisión de dedicar 23.000 millones de dinero público al rescate de Bankia sin la contrapartida de exigencia de responsabilidades a los autores del desastre, el Gobierno rompe cualquier principio de equidad, se coloca descaradamente contra la inmensa mayoría de los ciudadanos, que pagan los impuestos con los que el banco será rescatado, y abre una fractura en la sociedad de consecuencias de todavía imprevisibles. La proximidad de los gestores de Bankia con el PP hace todavía más siniestra la actitud del Gobierno. En una situación de crisis extrema, cuando se están pidiendo sacrificios enormes a la ciudadanía, un rescate bancario de estas magnitudes requiere explicaciones muy claras sobre el por qué y sobre el cómo, y actuaciones muy decididas para esclarecer las responsabilidades tanto en el campo político como en el judicial. La parcialidad del presidente Rajoy quedó patente en el insólito gesto de dar la conferencia de prensa sobre Bankia desde la sede de su propio partido y no desde el palacio de gobierno, un gesto que habla por sí solo. ¿Para quién gobierna el PP?

Las consecuencias económicas del caso Bankia están a la vista: la intervención del sistema financiero español, que Rajoy negó rotundamente, parece hoy más cercana que nunca. Una vez más el presidente está condenado a desmentirse a sí mismo, un ejercicio al que incomprensiblemente parece haberle encontrado gusto. El Gobierno se ha quedado sin credibilidad, después de una semana en que las necesidades de recapitalización de Bankia subían unos cuantos miles de millones cada día. Y la ciudadanía no puede entender que no se encuentre dinero para cuestiones que afectan ya no solo al bienestar sino incluso a la supervivencia y no falten nunca recursos cuando se trata de salvar a un banco. Las consecuencias políticas, sociales y morales del caso Bankia serán enormes. Treinta años de hegemonía conservadora han abierto una fractura grande entre las élites y la ciudadanía. La democracia, para usar una imagen de Tocqueville, se nos está disolviendo en el individualismo. La crisis económica ha sido la gran coartada para todo. En nombre de ella se han justificado ajustes salvajes y arbitrariedades tremendas. Después de Bankia, la coartada se desvanece.

En nombre de la crisis se han justificado  arbitrariedades tremendas. Después de Bankia, la coartada se desvanece

El caso Bankia es el icono de una profunda crisis de responsabilidad en las élites españoles. Una crisis que viene de mucho antes de que estallara la crisis económica de 2008 y que es una de las causas del gran desastre económico. En Bankia convergen político y dinero. Los miles de millones que se esfumaron entre fanfarrias madrileñas y valencianas y la nula voluntad política de esclarecer el desastre la convierten en enseña de los años en que todo estaba permitido.

Pero esta cultura de la irresponsabilidad no es exclusiva de Bankia. La vemos extendida por algunas de las más importantes instituciones del país. La corona, el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el propio sistema financiero y el Gobierno han dado y están dando muestras de esta cultura y están contaminados por una manera nada ejemplar de hacer las cosas, que hace que la sociedad viva entre el aturdimiento, la indignación y la indiferencia. Negándose a investigar Bankia, el Gobierno y las fuerzas políticas que le apoyen –la actitud del PSOE, de momento, es pacata– rompen el pacto social y dejan a la democracia en los huesos. Si no exigen justicia los responsables políticos, tendrán que exigirla los ciudadanos. Es lo que ocurre cuando se abandona la función representativa por la defensa de espurios intereses de casta. Después de Bankia, ¿este Gobierno tendrá vergüenza para pedir más ajustes a los españoles? En democracia solo debería caber una opción: denunciar a los responsables del desastre de Bankia o dimitir.