Hacienda se arroga el poder de destituir a quien incumpla los planes de ajuste

El Gobierno añade límites de acceso a información en la Ley de Transparencia La Ley de Transparencia deja fuera de su ámbito de aplicación a la Casa del Rey

El ministro Cristóbal Montoro da la palabra a un periodista tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves.
El ministro Cristóbal Montoro da la palabra a un periodista tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves.ULY MARTÍN

Quienes no cumplan los planes de ajuste aprobados por el Gobierno no solo están expuestos a llevarse una reprimenda pública o a la amenaza de intervención. El anteproyecto de Ley de Transparencia atribuye al Ministerio de Hacienda la potestad de destituir a los cargos públicos, de cualquier Administración, que incumplan “deliberadamente” las medidas correctoras recogidas en dichos planes.

El Consejo de Ministros dio esta tarde luz verde al anteproyecto del que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó el procedimiento sancionador para altos cargos por el incumplimiento de las normas de buen gobierno. El Consejo de Ministros será el órgano sancionador para los ministros y secretarios de Estado que incumplan. Y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sancionará la conducta del resto de altos cargos, tanto autonómicos como de corporaciones locales, que vulneren tanto la Ley de Transparencia como la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Entre las conductas que la Ley de Transparencia considera muy graves, y conllevan la destitución, se encuentra el incumplimiento de otras obligaciones recogidas en la Ley de Estabilidad como son el destinar el superávit a la reducción de deuda o el deber de suministrar información o justificar desviaciones presupuestarias ante el Gobierno.

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Y como la puesta en marcha de los mecanismos de transparencia previstos en la ley se prolongará durante un año tras la aprobación de la norma, el anteproyecto incluye una cláusula que indica que, en lo referente al buen gobierno, su entrada en vigor se producirá el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Consejo de Ministros inició así ayer la tramitación de la esperada y prometida Ley de Transparencia, que pasará ahora a los órganos consultivos para después ser objeto de debate parlamentario. Pero su tramitación ha comenzado antes de que concluyera el análisis encargado al comité de expertos que el propio Gobierno designó. El comité se reunió el jueves por la tarde y ningún miembro del Ejecutivo advirtió de que ayer se daría luz verde al anteproyecto, decisión que ha sido considerada como un “desaire”, “menosprecio” o “feo” por algunos de los 38 miembros de este órgano. Los expertos tienen pendientes dos reuniones, aunque desconocen si finalmente plantearán propuestas o, simplemente, asesorarán a los grupos parlamentarios que lo requieran, ya que esta era otra de sus atribuciones.

Sáenz de Santamaría informó de que se han recogido algunas de las sugerencias formuladas a través de las 3.700 aportaciones (que no son públicas) que ciudadanos y colectivos presentaron en el plazo abierto por el Gobierno para enriquecer el texto.

En cualquier caso, el anteproyecto no ha atendido ninguna de las dos principales quejas, ya que mantiene el silencio negativo y no reduce las excepciones para el acceso a información. Sáenz de Santamaría aseguró haber valorado la sustitución del silencio negativo (con el que la Administración puede no responder a una solicitud de información y este silencio se considera como una negativa) por el positivo pero el hecho es que el texto lo mantiene.

Se ha incluido a los colegios profesionales entre los entes que son susceptibles de cumplir la norma pero se mantiene al margen a la Casa del Rey. Además, se ha añadido otro límite al acceso a la información, que se denegará cuando “exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que se haga pública” o que “no exista un interés superior que respalde la publicación”. Y, eso sí, se ha otorgado algo más de independencia a la agencia que velará por el cumplimiento de la ley ya que el nombramiento y el cese de su presidente se equipara al de los organismos reguladores.

La inclusión de la Casa del Rey entre las instituciones sujetas al cumplimiento de la ley fue una de las sugerencias que se realizó al borrador de la norma, pero esta no ha sido aceptada, según ha desvelado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el consejo de ministros. "No forma parte del grupo de administraciones públicas", ha justificado. Tampoco se han incluido los partidos políticos. Las únicas instituciones que se han añadido en el anteproyecto son los colegios profesionales. El cambio del silencio administrativo negativo como contestación a una solicitud de información por el positivo era otra de las sugerencias realizadas por colectivos y particulares. Pero tampoco ha sido admitida. “Lo hemos valorado pero ante la situación de materias que son sensibles para la seguridad ciudadana o de las personas, la defensa nacional o que afecten a competencia, ante las dificultades de limitaciones, mantendrá silencio negativo para evitar perjuicios a intereses público o de terceros", ha justificado la vicepresidenta.

Entre las aportaciones que no parecen haber sido atendidas se encuentran las del colectivo Acces Info, que considera que el derecho de acceso a la información que establece el borrador “es muy limitado” y que las excepciones deberían reducirse e incluso suprimirse en el caso de la que niega la posibilidad de acceso a los informes previos en los que se basan las resoluciones administrativas.

La plataforma Coalicción Pro Acceso también consideró que la denegación de acceso a cualquier tipo de información “debe ser excepcional, mientras que Avaaz, una comunidad de movilización on line, apuesta igualmente porque la ley reconozca “el principio de publicidad de toda la información en manos de todas las instituciones públicas, solo limitado en los casos excepcionales establecidos por la ley y ponderando siempre el interés público de la información requerida”.

El colectivo de Archiveros en la Función Pública también ha hecho públicas sus aportaciones al borrador de la Ley de Transparencia. En ellas, inciden en que la ley debería hacer referencia al acceso a “documentos de titularidad pública” y no a “información pública”. También consideran que deberían señalarse y limitarse bien los plazos para la contestación de peticiones de información con el fin de evitar dilaciones.

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