Los ciudadanos exigen pactos ante la impresión de emergencia
El 68% está en contra de que haya dinero público para sanear los bancos El 86% de los votantes del PP pide acuerdos La mayoría reclama que se cree una banca pública que facilite créditos El Gobierno del PSOE era visto más responsable de la crisis que el actual
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Los ciudadanos son críticos con el Gobierno y la oposición y reclaman a los partidos que dejen a un lado sus diferencias para llegar a acuerdos, ante la situación de emergencia y el pesimismo por la crisis. Esta tesis, a la que se apunta el 89% de los encuestados por Metroscopia para EL PAÍS, podría entenderse como la expresión de buenos deseos, si no fuera porque la gestión política de la crisis avanza en sentido contrario.
Por un lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actúa amparado por su mayoría absoluta, pero sin intención alguna de extender el respaldo más allá de sus filas. No hay consenso político, ni institucional, ni social. Ni siquiera, intención de buscarlo, mientras, según el sondeo, el 96% de los ciudadanos asegura con pesimismo que la situación económica es mala y solo un 15% prevé que mejorará de forma inmediata.
Gobierno y PSOE solo han coincidido en esta legislatura en la votación de un decreto sobre el sistema financiero y Rajoy ni siquiera ha llamado a Alfredo Pérez Rubalcaba estos días mientras se desmoronaba Bankia, aunque el Ejecutivo dice que pretende alcanzar un acuerdo antes del jueves para convalidar las nuevas normas sobre la banca. Tampoco hay diálogo social sino confrontación con los sindicatos, en forma de manifestaciones en la calle y declaraciones desde el Gobierno descalificando sus protestas. El consenso institucional no se percibe porque varias comunidades se han desmarcado de decisiones del Gobierno central contra la crisis, mientras se escuchan advertencias desde el Ejecutivo sobre intervenciones en autonomías que no cumplan las exigencias de austeridad.
Los ciudadanos suelen calificar de positivas siempre en las encuestas las iniciativas de acuerdo, pero en este caso, en situación de zozobra y sobresalto permanente, los porcentajes llegan casi al 90%. Incluso solo un 12% de los votantes del PP dice ser partidario de que sea el partido de Rajoy el que asuma en solitario la responsabilidad de afrontar la situación, valiéndose de su mayoría absoluta. El 86% de los votantes populares piden acuerdos para afrontar la crisis, más allá del amplio poder institucional acumulado por el PP.
En el reparto de responsabilidades por la falta de acuerdos, los ciudadanos parecen no distinguir, porque el 61% rechaza la actuación del presidente del Gobierno y el 64% la del líder de la oposición.
Rajoy, al que le corresponde ejercer el liderazgo, ni siquiera lo intenta, eludiendo comparecencias públicas y parlamentarias y es suspendido claramente por los encuestados. Desde La Moncloa se explica que el presidente del Ejecutivo no comparece para preservarse y dejar a sus ministros el peso de la explicación pública, pero la encuesta muestra que esa estrategia no evita la erosión de Rajoy y, por el contrario, aumenta la sensación de desamparo y pesimismo social.
Esta opinión crítica con los principales líderes políticos solo es superada con la que manifiestan respecto a la banca, como responsable de la crisis.
La primera encuesta realizada tras la polémica sobre Bankia de esta semana refleja un aumento sustancial de esa opinión y un 66% entiende que el Gobierno debe intervenir en el funcionamiento de bancas y cajas para garantizar que haya crédito y contribuir a la salida de la crisis.
No obstante, el 68% asegura que no se debe prestar dinero público a los bancos y cajas de ahorros y un 53% (51% de votantes del PP) cree que debe crearse una banca pública. La semana del sobresalto por Bankia, los ciudadanos piden contundencia y solo un 28% de encuestados entiende que las entidades financieras son privadas y, por tanto, el Gobierno debe abstenerse de intervenir.
En el segundo lugar en la lista de responsables de la crisis, los ciudadanos sitúan al Gobierno. Curiosamente, no obstante, el actual Ejecutivo es percibido como algo menos responsable que el anterior, lo que da alas a la estrategia de la herencia recibida, tras la que se parapeta permanentemente el actual Gobierno.
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