El Gobierno inicia el trámite para intervenir las cuentas de Asturias

Dos semanas después de entrar en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite al Gobierno la intervención de las comunidades autónomas manirrotas, el Ministerio de Hacienda amenaza con tomar el control de las cuentas públicas de Asturias si no presenta su plan de ajuste en breve.

El próximo jueves, día 17, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano de interlocución del Gobierno con los consejeros de Economía regionales— para examinar los planes de ajuste de todas las comunidades. Montoro se reunió este sábado con técnicos del ministerio para revisar los proyectos regionales. “Dentro de los planes presentados preocupa especialmente el de Asturias, porque la situación del Gobierno en funciones existente en esa comunidad impide que se adopten compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, alertó Hacienda en una nota de prensa.

La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria exige a las comunidades que incumplieron el objetivo de déficit el año pasado la aprobación de un plan económico financiero. La desviación presupuestaria del Principado de Asturias en 2011 fue de 3,64%, por encima de la media autonómica y casi dos puntos y medio por encima de la meta fijada por Bruselas.

Pero la inestabilidad política en el Principado, con dificultades para formar Gobierno, ha retrasado la elaboración de dicho plan de ajuste. Los responsables del Gobierno asturiano no han podido aplicar los ajustes en sanidad y educación previstos por el Gobierno, entre otras medidas.

Por ese motivo, “Hacienda ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la aplicación de la Ley de Estabilidad en Asturias”. El Gobierno advierte de que en caso de no presentar el plan económico financiero aplicará “las medidas correctivas y coercitivas” contenidas en la nueva ley, que pueden desembocar en último extremo en “la tutela de las cuentas de la región por la Administración General del Estado”.

Ante la posibilidad de que Asturias no llegue al Consejo de Política Fiscal con el plan, Hacienda ya ha dado los primeros pasos para iniciar la intervención. Ha pedido un informe a la Abogacía del Estado y a la Intervención General. La ley establece un protocolo antes de la intervención. Así, si en el plazo de 15 días desde que se constate el incumplimiento podrá obligar al Gobierno asturiano a que establezca un depósito del 0,2% del PIB regional. Si a los seis meses de su constitución no se ha solucionado el problema, un grupo de emisarios de Hacienda se presentará en el Principado para hacer las recomendaciones y tomar el control de las cuentas públicas.

Hacienda aseguró ayer que aún negocia con las comunidades autónomas algunos aspectos de los planes de ajuste. Señala en un comunicado que ha requerido precisiones sobre la aplicación de las nuevas medidas de Educación y Sanidad a algunas comunidades, sin precisar a cuáles. Aunque no ha devuelto ninguno de los planes presentados por las autonomías, Hacienda ha hecho precisiones a casi todas.