Seis meses, un acuerdo político y un tímido paso penitenciario

“ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los Gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo”.

Así finalizaba la banda terrorista su comunicado del pasado 20 de octubre anunciando el fin de la violencia. Seis meses después, hay un Gobierno de otro signo en La Moncloa que ha rechazado cualquier contacto con la comisión internacional de seguimiento o con la comisión de verificación de alto el fuego que nacieron al amparo de la Conferencia de San Sebastián tres días antes del comunicado de ETA.

“El Estado se basta y sobra para verificar la disolución y el desarme de una banda terrorista y no necesitamos de ninguna ayuda externa”, ha dicho en repetidas ocasiones el ministro del Interior, Jorge Fernández. El ministerio emitió este viernes una nota de prensa explicitando, una vez más, la misma idea. Durante estos meses, el Ejecutivo ha declinado también cualquier contacto con la izquierda abertzale y se ha centrado en un único mensaje: que ETA se disuelva primero y después ya se verá. El PNV y el PSE, mientras tanto, le pedían dos cosas: la legalización de la izquierda abertzale y que se comenzara con el acercamiento de presos a Euskadi como “gesto” para desbloquear la situación.

Un primer paso, en el ámbito político, fue el acuerdo en el Congreso de los Diputados alcanzado en febrero por todos los grupos parlamentarios salvo Amaiur y UPyD —que pedía la ilegalización de Bildu y Amaiur— sobre la gestión del final de ETA y que exigía a la banda “su disolución definitiva e incondicional”.

En materia penitenciaria, el paso no llegó hasta la semana pasada, de la mano de un plan de reinserción individual de presos —aún sin concretar, que plantea no pocas y no menores dudas sobre su ejecución—, que abre la vía a los acercamientos de los reclusos de la banda a cárceles del País Vasco. El Gobierno decidió moverse ante la constatación de que mantenerse en el inmovilismo nutriría de votos a la izquierda abertzale en las próximas elecciones autonómicas vascas. Escenario que fuentes del Ejecutivo consideran que constituiría no un problema político, sino un problema de Estado.