El Ejecutivo aprueba una ley para privatizar las televisiones autonómicas

Medidas "difíciles" pero "imprescindibles", y que al Gobierno lo le gusta adoptar. El Ejecutivo ha vuelto a adoptar hoy un tono solemne para explicar los nuevos recortes y reformas, que justifica en que son medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. Así, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de ley para que las comunidades autónomas puedan privatizar las televisiones autonómicas. El proyecto se remitirá al Congreso para su tramitación por vía de urgencia, y establecerá también que las televisiones regionales deberán someterse a las exigencias de la Ley de Estabilidad -es decir, al déficit cero-, según ha anunciado esta tarde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno ha dado luz verde también a un decreto que le permite imponer al presidente de RTVE. 

El Ejecutivo ha analizado además las acciones a tomar después de la decisión de Argentina de nacionalizar YPF, filial de Repsol. En ese sentido, la vicepresidenta ha anunciado que hoy mismo el ministro de Industria firmará una orden ministerial por la que España priorizará el biodiésel europeo frente al argentino. Santamaría ha agradecido la decisión de la Eurocámara de suspender las ayudas a los productos argentinos, aunque ha avanzado que el Gobierno seguirá buscando "medidas y acciones de naturaleza diplomática".

La reunión ha comenzado más tarde de lo habitual porque Rajoy ha llegado a España esta madrugada de su viaje por Latinoamérica, donde ha cosechado apoyos en este conflicto. El presidente se reúne esta tarde con el Rey para darle cuenta de estas y otras cuestiones. Precisamente, la número dos del Ejecutivo ha descartado que la Casa Real vaya a someterse a la nueva Ley de Transparencia, a pesar de la polémica por la cacería del Rey y las críticas acerca de que la institución no informe de los viajes privados del Monarca.

El Consejo ha dado luz verde también al recorte de 10.000 millones en sanidad y educación anunciado por el Gobierno mediante una nota de prensa. En la reunión, que ha comenzado a las once, se han aprobado las medidas acordadas con las comunidades autónomas para ahorrar 7.000 millones de euros en materia sanitaria, entre las que figura el copago farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos y un endurecimiento de los requisitos exigidos a los inmigrantes para acceder a la asistencia sanitaria. En educación, el Ejecutivo ha dado luz verde a las medidas que se van a implementar para recortar 3.000 millones, entre las que destacan el aumento de la ratio de alumnos por aula y una revisión de la carga lectiva del profesorado.

De todo esto y más se espera que Rajoy dé cuenta al Rey en la audiencia que tiene con él esta tarde. Este será el primer acto oficial del Monarca tras romperse la cadera mientras se encontraba de caza en Botsuana, por lo que fue operado el sábado pasado y permaneció cuatro días ingresado. El jefe del Estado y el del Gobierno no se reúnen desde antes de Semana Santa. El despacho del 9 de abril no pudo celebrarse por el viaje de don Juan Carlos al país africano. Esas polémicas vacaciones provocaron que, en un hecho sin precedentes, el Rey pidiera disculpas en una breve comparecencia grabada al abandonar la habitación del hospital.

Rajoy tiene así hoy una agenda apretada, un día en el que se cumplen cinco meses de su victoria electoral y casi cuatro de la toma de posesión de su cargo. En este tiempo, el Gobierno ha aprobado duros recortes y ha presentado los Presupuestos más austeros de la democracia. Hoy precisamente ha concluido el plazo para que los partidos presentasen en el Congreso sus enmiendas a las cuentas del Ejecutivo: lo han hecho todos los grupos parlamentarios, incluido CIU.

Todo ello ocurre en el día en el que además se cumplen seis meses desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada. Este es uno de los asuntos más difíciles de gestionar que Rajoy y su equipo tienen sobre la mesa. Se plantean dar pasos en política penitenciaria de modo discreto y lento en los próximos meses, para no levantar excesivo rechazo de la derecha radical. Pero también tratan de avanzar con socialistas y PNV en un pacto de mínimos para mantener las exigencias sobre ETA y la izquierda abertzale con la vista puesta en la disolución de la banda y la deslegitimación de la violencia. Asimismo el Ejecutivo, el PSE y el PNV tratan de evitar que la derrota de la banda se transforme en una victoria electoral de la izquierda abertzale en las próximas elecciones vascas, algo que no es fácil.