Hacienda abre la vía a la intervención voluntaria de las comunidades autónomas
Las regiones tienen hasta final de mes para reenviar los nuevos planes económicos financieros
![Jesús Sérvulo González](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6d9f7569-d69a-4297-a337-68506fb9c0d1.jpg?auth=5a47100af33bcc20e60088fafd19c40c8803915470b46c49210968bfccee156e&width=100&height=100&smart=true)
![Antonio Beteta.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/FC23452PJFYVUH3U5OR4NTJKEE.jpg?auth=79bc141ed2434d7eb5b34509c6fbc98519f15982023313c2e5b2221ce4694ac9&width=414)
Las comunidades autónomas tienen de plazo hasta el 30 de abril para reenviar al Ministerio de Hacienda los nuevos planes económicos financieros, que se comprometieron a elaborar hace un año para controlar sus desequilibrios presupuestarios.
Cuando el Gobierno aprobó los Presupuestos de 2012, hace unas semanas, las comunidades tuvieron que actualizar dichos planes con las nuevas previsiones de ingresos del Estado. Algunas han previsto ingresos derivados de las disposiciones adicionales del modelo de financiación (caso de Cataluña) o los que les corresponderían según sus nuevos estatutos autonómicos (Andalucía). Por eso, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró que su departamento había realizado matizaciones en muchos de los planes y había devuelto otros por “serias discrepancias por incluir ingresos que no se corresponden con los Presupuestos”.
Ahora, las comunidades disponen hasta final de mes para hacer las correcciones oportunas. En la primera quincena de mayo se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde Hacienda aplicará por primera vez la Ley de Estabilidad.
El ministerio examinará los planes económicos financieros de todas las regiones, así como su situación presupuestaria. A partir de ese momento, a los territorios que no sean capaces de enderezar su desequilibrio se les aplicará las medidas “coercitivas” que prevé la Ley de Estabilidad. Las comunidades que no superen el control de Hacienda tendrán 15 días para aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos para tratar de enderezar los desajustes. Además, deberán constituir un depósito del 0,2% del PIB nominal regional. Si a los tres meses no se hubiera aplicado medidas correctivas, el fondo comenzará a devengar intereses. Si la comunidad afectada se niega a abonar estos intereses o constituir el fondo, el Gobierno podrá retener parte de las transferencias.
Pasados seis meses, es decir, si el próximo noviembre alguna comunidad incumplidora sigue sin corregir la situación, el Gobierno intervendrá esa región. Enviará una delegación de expertos bajo la dirección de Hacienda.
No obstante, Beteta abrió el miércoles la puerta a que las comunidades puedan reclamar voluntariamente la intervención “en caso de que no puedan hacer frente a sus obligaciones financieras”. Preguntado sobre si hay autonomías tan comprometidas para solicitar esa vía, el secretario de Estado aseguró que hay varias. No obstante, Economía prepara los hispanobonos para que las regiones puedan emitir deuda conjuntamente bajo la garantía del Estado, lo que aliviaría sus problemas financieros.
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