“El juez ofrece transferirnos el caso”

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sugirió que Estados Unidos podía quedarse con el ‘caso Guantánamo’ para que se investigara en ese país. En el mismo auto en que reclamaba a la Administración Obama que informase sobre si en su territorio se estaban investigando los presuntos crímenes de los juristas que diseñaron la prisión ilegal de la base norteamericana de Cuba, afirmaba que, en caso de que EE UU pretendiera indagar en los hechos relatados en la querella, podía, en aplicación del Tratado de Asistencia Jurídica entre ambos países, reclamar las actuaciones que se seguían en el tribunal español.

La sugerencia del juez español –difícil de comprender por un profano al estar redactada en términos estrictamente jurídicos- fue, sin embargo, perfectamente entendida por el Gobierno estadounidense. En un cable del Departamento de Estado hecho público por Wikileaks redactado el 5 de mayo de 2009 (un día después del auto de Velasco), el consejero de la Embajada de EE UU en Madrid, Arnold A. Chacón, relataba a sus superiores que el juez español “ofrecía transferir” el caso Guantánamo “a Estados Unidos bajo el MLAT”, las siglas del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en inglés.

A partir de ese momento, Washington actuó de forma insólita. Dos años después, por primera vez, respondió a una petición internacional de información de la Audiencia, la de Velasco (algo que no había hecho con otros casos contra ciudadanos de ese país, como el caso Couso o la causa por torturas contra los gestores de la prisión ilegal que había abierto previamente Baltasar Garzón). En esa misma respuesta, firmada por la directora de la Sección Penal de la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el Gobierno estadounidense solicitó que el caso se archivara en España y se enviara a EE UU.

Esa es, precisamente, la solución que adoptó Velasco el 13 de abril: acordar el archivo del caso y dar “oportuno traslado […] al Departamento de Justicia de EE UU para su continuación”. La solución que el auto del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional –con la excepción de los magistrados Ramón Sáez, José Ricardo de Prada y Clara Bayarri, que firmaron un voto particular- acaba de bendecir.