EE UU pide a la Audiencia que le ceda el 'caso Guantánamo'

El Gobierno de EE UU ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional para solicitar a este tribunal que cierre su investigación de las supuestas torturas en la base militar de Guantánamo y remita el caso a los tribunales de ese país. En el escrito, el Gobierno estadounidense asegura que tanto el Departamento de Justicia como el de Defensa, el Congreso y varios tribunales están investigando hechos relacionados con supuestas torturas o con Guantánamo, por lo que sería la justicia de EE UU, y no la española, la competente para juzgar estos hechos.

El informe llega con mucho retraso. Tras enviar su primera petición a EE UU en mayo de 2009, a finales de enero, el juez del caso, Eloy Velasco, dio de plazo hasta el 1 de marzo a las autoridades estadounidenses para que le informaran sobre si tenían alguna investigación judicial en curso sobre esas torturas en la base. La querella, presentada por la Asociación de Presos y Presas de España, apunta a varios asesores jurídicos de la Administración de Bush por el diseño legal de Guantánamo, entre ellos, el exfiscal general Alberto Gonzales. La ley española solo permite abrir un caso por delitos en el extranjero si los hechos denunciados no se indagan en el país en que se produjeron.

Sin embargo, los casos que recoge el documento enviado por las autoridades de EE UU poco tienen que ver con supuestas torturas en Guantánamo. Entre ellos se encuentra el de David Passaro, un trabajador de la CIA juzgado y condenado en 2006 por pegar con una linterna a un detenido afgano que luego murió. Esos hechos tuvieron lugar en una base de Afganistán. Lo mismo que el caso de Don Ayala, un agente de seguridad contratado por el Ejército de EE UU que mató de un tiro en la cabeza a un preso talibán mientras estaba esposado al saber que había intentado quemar viva a una compañera. Ayala fue puesto en libertad bajo fianza por las "horribles circunstancias emocionales" en que había cometido el crimen.

El tercer asunto citado, Hamdam contra Rumsfeld, nada tiene que ver con torturas, sino con la legalidad de los tribunales militares especiales creados por el Gobierno Bush para juzgar a los detenidos en Guantánamo, que impedían a estos últimos el acceso a las pruebas que se presentaran contra ellos. El Supremo estadounidense declaró ilegales esos tribunales al considerar que vulneraban el Código de Justicia Militar de EE UU y los tratados internacionales sobre derecho internacional humanitario. El informe también hace referencia a dos investigaciones abiertas por los departamentos de Justicia y Defensa del Gobierno de EE UU, así como a las comisiones que investigaron torturas y detenciones ilegales en el Congreso de ese país.

Velasco ha enviado el documento a la acusación y el fiscal para que le informen sobre si, teniendo en cuenta su contenido, debe declararse competente y seguir con su investigación o tiene que inhibirse en favor de los tribunales estadounidenses. La Audiencia mantiene abierta otra causa por torturas en Guantánamo a cuatro detenidos: el español Hamed Abderramán Ahmed, el marroquí Lahcen Ikasrien, el libio Omar Deghayes y el palestino Jamal Abdelatif al Banna.