CiU pide dar a la Administración más control en los despidos colectivos

A CiU le gusta cómo suena la reforma laboral. Sus votos se unieron a los del PP para echar abajo las cinco enmiendas a la totalidad que se presentaron en el Congreso. Pero hay puntos muy sustanciales de la nueva norma que no le satisfacen lo más mínimo. Eso, al menos, se deduce de las enmiendas parciales que presentó el grupo nacionalista catalán este lunes, cuando acababa el plazo de enmiendas a la reforma laboral. Entre los asuntos está la eliminación de todo control de la Administración en los despidos colectivos. CiU no quiere volver a la situación anterior, cuando era imprescindible el visto bueno de la autoridad laboral, pero sí dar más capacidad de control a la Administración que lo previsto por el Gobierno del PP.

Tampoco gusta este punto al PSOE y al grupo de la Izquierda Plural, liderado por IU, que proponen volver a la situación anterior a la reforma. Pero lo cierto es que, dada la mayoría absoluta del Partido Popular y la escasa disposición del Gobierno a introducir modificaciones sustanciales en el decreto del 10 de febrero —pese a la huelga general—, pocos grupos parlamentarios, salvo CiU, tienen posibilidades de lograr cambios importantes en este punto, una de las claves centrales de la reforma.

En concreto, CiU reclama más documentación cuando una empresa decida poner en marcha un ERE y que demuestre que concurren las causas aducidas, sobre todo si son económicas (la reforma permite el despido colectivo con 20 días de indemnización si la empresa registra tres trimestres consecutivos de caída de ingresos). Además, añade que la Inspección de Trabajo tendrá que adjuntar al expediente un documento sobre la proporcionalidad de la medida. También el PNV propone algo similar en este punto.

Además, el grupo catalán también propone restringir más la posibilidad de despedir por bajas justificadas al ligar los periodos de cómputo a la asistencia durante un año y excluir las ausencias cuando el trabajador sufre una enfermedad grave, como un cáncer, o crónica. Respecto del contrato para emprendedores que permite despedir gratuitamente durante el primer año y sin causa, CiU introduce una indemnización de ocho días al final del periodo de prueba.

Las enmiendas del PSOE, por su parte, proponen la vuelta a la situación previa a la reforma en buena parte del decreto anterior, al traducir a enmiendas parciales la enmienda a la totalidad que el grupo parlamentario socialista planteó. Por ejemplo, quiere eliminar la redacción de que baste para despedir encadenar tres trimestres consecutivos de caída de facturación. En su lugar, propone que la medida sea razonable y proporcionada, lo que revitalizaría, de aprobarse, el papel de los jueces en las rescisiones de contrato.

En lo referente a los convenios, tanto PSOE como la Izquierda Plural y CiU propone la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresas. En concreto, el grupo socialista busca que la redacción final de la reforma se adapte al pacto que empresarios y sindicatos firmaron el 25 de enero, en el que además de los salarios, se recogía un apartado sobre la negociación colectiva y su organización.

También coincide el PSOE y la Izquierda Plural en proponer que se elimine la posibilidad de que los empresarios puedan reducir los salarios al excluir del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores la posibilidad de que modificar la cuantía salarial en las medidas de flexibilidad interna.

El PNV, por su parte, pide recuperar los salarios de tramitación (el sueldo que el trabajador deja de recibir desde que es despedido y hay resolución de la Justicia) cuando el juez falla a favor del trabajador.