La oveja descarriada

La peripecia política de Gerardo Conde Roa es una montaña rusa. El alcalde de Santiago, imputado en un presunto fraude de 291.000 euros a Hacienda, se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza del PP. Su vida de excesos, el fracaso en los negocios y los problemas con el resto de los compañeros de partido, han hecho que la dirección esté pensando prescindir de él.

A conde Roa le salieron los dientes en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Con 24 años era concejal. A los 28, candidato a la alcaldía. Su perfil cuadraba bien en el cartel de Alianza Popular, allá por 1987: casi treintañero, licenciado en Derecho, abogado en ejercicio con una prometedora carrera por delante, padre de cuatro hijos, presidente de la Asociación Gallega de Familias Numerosas… Y miembro del Opus Dei. Él mismo tuvo oportunidad de comunicárselo al Papa Juan Pablo II durante una visita a Santiago en 1989. “Santidad, le saluda un supernumerario del Opus”, cuentan testigos que le dijo al Pontífice durante el besamanos de la Corporación Local en plena Praza do Obradoiro.

Su trayectoria la interrumpió la llegada del fraguismo. De la mano de su mentor, José Manuel Romay Beccaría, hoy presidente del Consejo de Estado, plantó batalla desde el sector del birrete, urbano y conservador, al clan de la boina, la facción más populista y rural del PP gallego, encarnada por barones como José Luis Baltar, el fallecido Xosé Cuiña o Francisco Cacharro Pardo. Esa lucha en la trastienda del poder le dejó las primeras cicatrices a Conde Roa que ya no repitió como candidato en Santiago durante los noventa. Su convivencia con el presidente fundador del PP nunca fue fácil. Y se volvió insoportable tras el viaje del presidente de la Xunta a Cuba en 1991. Conde Roa se permitió algo vedado en su partido: criticó a Don Manuel por las fotos junto a Fidel Castro, quien le llamaba “compañero Fraga”. Tras ese encontronazo se apartó de la primera línea política. Abrió un despacho en Madrid y amparado por el manto protector del Opus y de Romay logró una plaza en el bien remunerado Consejo de Administración de Radio Televisión Española como representante del PP.

No dio señales de vida hasta que Fraga perdió la Xunta en 2005. Reapareció como un hombre nuevo. Despojado de cargos en la asociación de familias numerosas y alejado del Opus, pujó para hacerse con el PP en Santiago y cuando lo logró, brindó su apoyo a Alberto Núñez Feijóo, un recién llegado que peleaba por liderar la derecha gallega. Ambos, con Romay siempre en la sombra, sellaron un pacto: si Feijóo ganaba el congreso gallego, Conde Roa sería su hombre en Santiago. Dicho y hecho. En 2007, 20 años después del primer intento, su foto retornaba a las vallas electorales. Para entonces ya había sucumbido a la tentación del ladrillo y promovía viviendas de protección oficial, algunas en el municipio que aspiraba a gobernar. Separado de su esposa, con la que había tenido cinco hijos, se habituó al ocio nocturno mientras protagonizaba abracadabrantes episodios. Un asesor del PP que vivió de cerca las campañas electorales ironiza así sobre una de ellas: “Se bañó en un río contaminado, subió a un mitin con unas copas de más y volcamos un coche del partido. Aún así, ganamos las elecciones”.

Al comienzo de su campaña, Hacienda le acusó de quedarse con 291.000 euros del IVA de la venta de 61 viviendas

Y así fue. Por más que sus desventuras corrían de boca en boca por la ciudad, Conde Roa ganó los comicios. Superó al PSOE, que acumulaba cinco mandatos consecutivos y evidentes síntomas de cansancio entre su electorado. El PP quedó a dos ediles del Gobierno pero el resultado amparaba a Conde Roa para liderar la oposición durante cuatro años. Pese a la hazaña, pronto puso tierra de por medio y en 2008 se hizo con un escaño en el Congreso. Varios de sus concejales se quedaron de piedra cuando le escucharon decir que haría oposición al alcalde desde Madrid, a 500 kilómetros de distancia. También eso le consintió la cúpula del PP gallego. Cada vez que había pleno en el Ayuntamiento, tomaba un avión y se plantaba en Santiago. Luego se marchaba y hasta el próximo debate. Su escasa presencia la suplía aumentando los decibelios. Llamó a la titular de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, “especie de ministra marimacho” y tuvo que retractarse. Tampoco eso era nuevo para él. Meses antes había firmado un artículo en El Correo Gallego sobre la necesidad de que los solicitantes de un indulto mostrasen arrepentimiento para evitar la cárcel. Él mismo aprovechó para redimirse. Escribió: “Lo mejor es predicar con el ejemplo, creo que yo debo pedir públicamente perdón a muchas personas que me conocen —empezando por mi propia familia— por mi comportamiento en los últimos tiempos”. A esas alturas, su actitud era motivo de escarnio en los cenáculos conservadores que empezaban a recelar de su oveja descarriada.

En el Congreso el PP también supo de sus repentinas ausencias. Zapatero aprobó sus presupuestos de 2009 sin que Conde Roa acudiera al hemiciclo a votar en contra. Fue el único diputado popular que faltó a la cita. Algunos compañeros empezaron a ver en él a una persona inestable, lastrada por un exigente acuerdo de separación que había pactado con su exmujer y por el que se comprometía a transferirle más de 5.000 euros mensuales para el cuidado de sus cinco hijos, algunos en edad universitaria. De ahí derivan, según las fuentes consultadas, sus primeras deudas.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria hizo el resto. El político se había adentrado en un mundo que no era el suyo en el peor momento posible. Sus urbanizaciones en Daimiel (Ciudad real), Parla (Madrid), Santiago de Compostela (A Coruña) y Lalín (Pontrevedra) acumularon retrasos administrativos que el endeble andamiaje de su promotora no pudo soportar. Junto al embargo por no abonar la paga a su exmujer, llovieron otros por impagos de su constructora. Llegó a deber 7.000 euros de IBI al Ayuntamiento donde era líder de la oposición. Feijóo, que en 2009 había recuperado la Xunta, no quiso darse por enterado. “Si Gerardo se centra —y no me extenderé en detalles—puede ser un buen alcalde”, aseguraba en privado un miembro relevante de la dirección regional meses antes de proclamarlo candidato el pasado mayo.

El viernes en el que dio a conocer la lista de su candidatura municipal, su número tres, Ángel Espadas, fue sorprendido por la Guardia Civil al volante del coche, dormido y borracho ante un semáforo en verde. Conde Roa se vio obligado a destituir a su mano derecha, hoy jefe de gabinete en la Alcaldía.

En vísperas de inaugurar la campaña, recibió la noticia de Hacienda. Se le acusaba de haberse quedado 291.000 euros de IVA por la venta de 61 viviendas. Como otras veces, decidió mantenerlo en secreto y huir hacia delante. Presentó sus siglas, CR11, emulando a Ronaldo, en medio del murmullo de una ciudad de 100.000 habitantes. Para intentar ofrecer una imagen distinta de él, el PP mandó a la prensa el sábado de reflexión una foto en la que aparecía Conde Roa en la plaza de Abastos junto a su nueva pareja y los hijos de ambos, en pose familiar.

El resto de la historia es conocida: el 22 de mayo de 2011 pesó más el hartazgo contra Zapatero. Santiago fue solo otra pieza color azul más en el puzle de la hegemonía popular. Conde Roa salió alcalde a la tercera ante la incredulidad de la izquierda.

Desde el poder, ha arremetido contra colectivos culturales a los que prometió hacer sentir su aliento en la nuca; ha amenazado al iluminador de una ópera que incluía guiños al 15-M y ha repetido que el humorista Leo Bassi no actuaría en la ciudad porque le produce “especial repugnancia”. Este jueves el comediante, invitado a actuar por la Universidad, recordó la importancia de cumplir la ley y pagar impuestos. Conde Roa declaraba a la misma hora ante el juez, imputado por un presunto fraude fiscal penado con cárcel. Dos días antes, había admitido desde el Ayuntamiento que utilizó el IVA pagado por sus clientes para tapar otras deudas.

La oposición calcula que Conde Roa debe 700.000 euros entre deudas familiares y agujeros del ladrillo. De su sueldo municipal, descontados los embargos, le quedan 900 al mes. La dirección del PP empieza a valorar seriamente la idea de dejarlo caer.