El PP logra el apoyo de CiU para sus reformas y se enquista con el PSOE

CiU y PNV, en menor grado, sumaron ayer sus votos para hacerle al Gobierno la vida un poco más fácil, dentro de la enorme dificultad que supone aprobar reformas de calado frente a la crisis. El PP logró en el pleno del Congreso el apoyo o la abstención de los nacionalistas para sacar adelante la amnistía fiscal, rechazar las cinco enmiendas de totalidad a la reforma laboral y aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno intentó, sin éxito, un pacto con el PSOE hasta el último momento sobre la estabilidad presupuestaria, que desarrolla el acuerdo de agosto entre los dos grandes partidos para incluir en la Constitución la penalización del déficit. Incluso, en un hecho insólito, tras 10 horas de pleno, se paró el reloj y se suspendió durante media hora la votación.

En la zona de Gobierno negociaron la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el responsable de la oficina económica de La Moncloa, Álvaro Nadal, con los socialistas Soraya Rodríguez, Txiki Benegas y Pedro Saura. Pero no fue posible el acuerdo que, difícilmente podría cerrarse en el Senado porque eso retrasaría su aplicación y el Gobierno tiene prisa por lanzar mensajes al exterior. Votaron a favor PP, CiU, UPN y UPyD (192 síes); se abstuvo el PNV (4) y votó en contra la izquierda (116). Curiosamente, CiU, PNV y UPyD no apoyaron la reforma constitucional, pero no rechazan su desarrollo.

La Cámara, en un pleno maratoniano, se dividió en dos partes desiguales en casi todas las iniciativas: la mayoritaria formada por el PP, CiU y el PNV y la minoritaria en la que, sobre todo, había partidos de la izquierda, liderados por el PSOE. Como es sabido, el PP no necesita más votos que los suyos para aprobar todo lo que presenta, pero hasta ahora está logrando apoyos para todas sus medidas y aspira a tenerlos en los duros Presupuestos. En este caso, Sáenz de Santamaría se empleó a fondo para negociar en las últimas horas con los portavoces del PNV y de CiU, Josu Erkoreka y Josep Antoni Duran Lleida, la Ley de Estabilidad.

En comisión, el PP no había aceptado ninguna enmienda a la norma que establece el déficit cero para 2020 y penalizaciones para las comunidades que no cumplan, con posibilidad de intervenciones del Estado, similares a las de la UE en los países indisciplinados. El PSOE había convertido esta norma en un caballo de batalla para intentar llegar a un acuerdo para dar imagen de oposición útil y partido responsable. Peleó para que el déficit estructural a partir de 2020 se reconozca en el 0,4%, como se establece en el acuerdo de reforma constitucional firmado en agosto por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Pero, tras varias reuniones, el PP no se apeó del déficit cero y el PSOE pasó a convertir este asunto en la prueba de la cerrazón del Gobierno, dando por hecho que sería imposible que los nacionalistas aprobaran una norma que limita la capacidad de las comunidades. Pero el Ejecutivo maniobró en las últimas horas y en lugar de plegarse a un acuerdo con el PSOE para mandar un mensaje de fortaleza en forma de pacto con el único otro partido que puede gobernar se dirigió a los nacionalistas. Cerró el acuerdo con CiU y PNV y solo cuando iba a votarse puso sobre la mesa una oferta al PSOE: incluir el 0,4%, pero en circunstancias muy excepcionales. Negociaron media hora y, según los socialistas, Montoro parecía más flexible que Saénz de Santamaría, pero el principal partido de la oposición consideró insuficiente la propuesta. Se rompió la negociación y se votó.

El mensaje, según el Gobierno, sigue siendo potente hacia la UE y los mercados: hay acuerdo con los nacionalistas sobre el déficit en las comunidades. De paso, el PP logra la carambola no menor de dejar al PSOE fuera de ese compromiso de estabilidad exigido por Europa y le permite el discurso del partido radical y de la ficción de la oposición útil. Su portavoz, Soraya Rodríguez, luchó todo el día ante los periodistas contra la imagen de oposición que pone palos en las ruedas, que tanto usó contra Rajoy en la anterior legislatura, y para denunciar que quien ha roto los pactos es el PP. Mantuvo una reunión con el PP por la mañana para intentar el acuerdo y votó al final en contra de la Ley de Estabilidad junto a la izquierda minoritaria que en su momento se opuso a la reforma constitucional que pactaron socialistas y populares ahora en desarrollo.

Un pacto que Alberto Garzón (IU) calificó ayer de “indecente e ilegítimo”. Al final, CiU está casi siempre cuando se necesita dar consuelo a los Gobiernos, aunque ponga precio a sus apoyos. En este caso fue la inclusión de enmiendas que dan flexibilidad a las exigencias a las autonomías. Por ejemplo, para que se aplique el criterio de la UE para Estados sobreendedudados que permite amortizar deuda a 20 años si se cumplen las exigencias y para que las comunidades no tengan que destinar sus excedentes de tesorería a amortizar la deuda. El PNV se abstuvo porque metió una cláusula de reserva para el régimen foral vasco y navarro.

El decreto de amnistía fiscal fue convalidado con los votos del PP y de CiU y las cinco enmiendas de totalidad (PSOE, Izquierda Plural —IU-Cha-ICV—, UPyD, ERC y BNG) fueron rechazadas con los votos de PP, CiU y PNV.