Arrepentirse de no hacer

Que el lehendakari haya propuesto un acuerdo sobre iniciativas que ayuden a “cerrar definitivamente el ciclo terrorista” ¿significa que el cese de ETA no es definitivo? Seguramente, no, pero hay indicios de que ese cese no ha sido aceptado por sectores de la izquierda abertzale: rebrote de la violencia callejera, dimisión de representantes de los reclusos por desacuerdo con la línea actual, robo de coches en Francia que la policía de ese país atribuye a ETA. Todo lo cual aconseja actuar de forma que se reduzca el riesgo de una escisión.

El éxito electoral de Bildu y Amaiur es la mejor garantía de que no habrá ruptura. Sin embargo, ¿qué pasaría si esos éxitos se interrumpen? Sobre todo, si se llega a esa situación con cientos de presos sin expectativa de reinserción. Dejar en manos de la propia ETA la responsabilidad de impedir cualquier disidencia armada, implicaría admitir alguna forma de continuidad organizativa; lo que reabriría la hipótesis de una negociación de disolución con contrapartidas. O sea, volver a la situación anterior al 20 de octubre.

Un documento reciente de Batasuna advertía contra los intentos de “los Gobiernos” de “desvirtuar el proceso”, reduciéndolo a una “salida meramente técnica”. Es decir, limitada a los presos y excluyendo la negociación de un cambio de marco político como “solución al conflicto”. Una portavoz de la izquierda abertzale lo expresaba diciendo que la resolución de ese conflicto pasa por “el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el respeto al derecho de autodeterminación” cuyo ejercicio “debe ser acordado entre todas las sensibilidades”. Lo que se acuerde está, por tanto, predeterminado. La supervivencia de esa mentalidad impositiva es uno de los obstáculos al cierre definitivo del ciclo de violencia; y está relacionado con el problema de las cárceles. Mientras la banda se niegue a disolverse sin contrapartidas será lógico exigir a sus presos, como condición para acogerse a beneficios penitenciarios, que reclamen su disolución: un gesto más elocuente que cualquier declaración de desvinculación y petición de perdón en los términos del Código Penal.

A su vez, para que los presos se atrevan a dar ese paso tendrían que contar con el amparo de Batasuna. Como recordaba hace poco Joseba Urrusolo Sistiaga, uno de los presos acogidos a la vía Nanclares, “lo que a estas alturas resulta inaceptable es que Batasuna siga dejando el futuro de los presos en manos de lo que queda de ETA”. Pues “habrá que asumir también la responsabilidad colectiva que toda la izquierda abertzale ha tenido” (Deia, 26-3-12).

Si sus jefes siguen sin ofrecerles una salida viable y los de Batasuna callando y otorgando, no es descartable la rebelión de una parte al menos de los reclusos contra sus dirigentes, incluyendo los políticos “instalados”. Si el fin de la violencia es irreversible, ¿a qué viene esa negativa a dar el paso que más podría favorecer el inicio de la aplicación de medidas de reinserción? ¿Y por qué Batasuna no apoya a los de Nanclares, que se han tomado en serio el carácter irreversible del cese de ETA?

En su comparecencia del pasado día 20 en el Senado, el ministro del Interior dijo a propósito de los presos de ETA que la ley se aplicaría “con todo rigor y con toda generosidad”. Un punto de equilibrio entre ambos extremos sería condicionar cualquier eventual reforma de la legislación penitenciaria a la disolución de la banda pero, a la vez, poner fin de manera progresiva a la política de dispersión, lo que no requiere modificación legal. Tiende a olvidarse que el objetivo de esa política era impedir el control de los presos por los comisarios de ETA en un momento en que el Gobierno impulsaba la reinserción como forma de favorecer la desvinculación de la banda. Tras el cese de la violencia, el efecto de mantener la dispersión es el contrario: aislarles de la presión social vasca a favor de la disolución.

El acercamiento es una forma de reconocer que la situación ha cambiado sustancialmente y de mostrar la disposición a dar otros pasos si se formaliza la disolución. Pero hay una fuerte oposición de las asociaciones de víctimas. Es lógico que su exigencia de justicia sea tenida en cuenta, pero eso no significa tratar a sus miembros como a menores de edad, dándoles la razón digan lo que digan. Argumentos del tipo “estamos peor que nunca”, “lo único que ha cambiado es que no matan” (como si fuera algo secundario), “2011 ha sido un año nefasto para las víctimas”, no se convierten en razonables por el respeto personal que merecen quienes los defienden.

El ministro también dijo el día 20, a modo de declaración de principios, que “vale más actuar exponiéndose a arrepentirse, que arrepentirse de no haber hecho nada”. Partiendo de esa disposición, el Gobierno de Rajoy tiene margen para intentar consensuar, con criterios realistas, las líneas maestras de una política penitenciaria orientada al cierre definitivo de ETA.