Obligada flexibilidad

El Gobierno español, un día después de que el Consejo Europeo reafirmara su intransigencia ante los planes de saneamiento de las finanzas públicas de algunos Estados, ha optado por asumir un objetivo de déficit público para el año en curso significativamente superior al pactado con la Unión Europea. El 5,85% del PIB en 2012, aunque de difícil cumplimiento, es más creíble que el vigente hasta ayer, del 4,4%. En dos ámbitos fundamentales se sitúan las consecuencias de una decisión tal: la asociada a las probabilidades de consecución de ese nuevo objetivo y las que esa revisión unilateral pueda generar tanto en los mercados de bonos como en el seno de la UE.

La seriedad y credibilidad de cualquier objetivo de política económica no emana de la ambición con que se formulan, o de su aparente adecuación a una determinada ortodoxia, sino de las probabilidades efectivas de consecución. Y reducir de forma significativa el déficit público en una economía en pronunciada recesión es un propósito harto difícil. En mucha mayor medida si, como es el caso de la española, existen problemas serios en su sistema bancario, contracción del crédito y un muy elevado componente estructural en su no menos excepcional tasa de desempleo.

El contexto internacional, y más concretamente el que conforma la demanda de nuestros socios de la eurozona, tampoco será cómplice del saneamiento financiero, publico y privado. La nueva tasa de contracción del crecimiento de la economía asumida en el cuadro macroeconómico en el que se sustentarán los Presupuestos Generales del Estado, del 1,7% en este año, está efectivamente asociada a una elevación adicional del desempleo, hasta el 24,3%, con una pérdida neta de 630.000 empleos, según el Gobierno.

Respecto al segundo grupo de consecuencias, las eventualmente asociadas a penalizaciones por los mercados o de Bruselas, es preciso tomar en consideración que, lejos de un acto de rebeldía, la decisión del Gobierno español se asume tras haber llevado a cabo en un plazo muy breve tres conjuntos de reformas alineadas totalmente con las intenciones más rigurosas. Además, el propósito explícito de converger hacia un déficit del 3% del PIB en 2013 intentará ser respetuoso con la formulación más vinculante del propio Pacto de Estabilidad y la recomendación de déficit excesivo aprobada por la Comisión Europea en 2009.

A los mercados financieros, por su parte, no les sorprenderá mucho más que se asuma esa senda reductora del déficit que la increíble dirigida a conseguir el 4,4% del PIB, desde el 8,5%, en un solo año. Que los diferenciales con los que cotizan los títulos del Tesoro español se ensanchen, que los de Italia se estrechen, que la Bolsa caiga, en modo alguno son un reflejo exclusivo de la decisión que ha adoptado el Consejo de Ministros ayer. Propósitos irrealizables podrían acabar generando penalizaciones más severas.

Lo relevante a partir de ahora es que el Gobierno español se aplique a trabajar en el seno de la Unión Europea, no solo para convencer de que lo que ha hecho es menos irracional que mantener un objetivo de déficit inalcanzable, sino también para tratar de que en su seno la orientación al crecimiento al menos coexista con esa austeridad mal entendida que está conduciendo a una parte significativa de la eurozona a la depresión.

En ausencia de estímulos, la frustración de los agentes económicos puede constituirse en una fuente depresiva más: en un factor adicional de retroceso en el bienestar y modernización que ya están sufriendo las economías que comparten moneda.